sábado, 4 de marzo de 2017

Después de 4 años, CEDH retoma el caso de 8 policías desaparecidos en Úrsulo Galván

Veracruz.- Luego de cuatro años de fingir demencia y hacerse de la vista gorda, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a cuyo frente está la singular doctora Namiko Matzumoto Benítez, ha recordado un caso pendiente: el de la desaparición de ocho policías de Úrsulo Galván, en 2013, y por ello ha emitido la recomendación 03/2017 a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la que ordena indemnizar a las familias de los elementos para que les sean pagados a las madres y esposas gastos de traslado, médicos, y demás que hayan realizado para localizar a los desaparecidos. 
Estricta como es a toro pasado, Namiko también demanda investigar y determinar la responsabilidad administrativa de servidores públicos involucrados en este caso, a través del correspondiente procedimiento administrativo y disciplinario, por las acciones y omisiones en las que incurrieron. También pide coadyuvar con el Agente del Ministerio Público Investigador de Cardel, en la integración de la investigación ministerial iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por los familiares de las víctimas. 
El 11 de enero de 2013, de acuerdo con testimonios de sus familiares, los ocho policías de Úrsulo Galván fueron detenidos en la comunidad El Arenal por presuntos miembros del Grupo Tajín de la Policía Estatal, y la patrulla en la que viajaban fue encontrada quemada al día siguiente. Cuatro años después de esos hechos la CEDH descubre que la SSP nunca realizó acciones de investigación encaminadas al esclarecimiento de los hechos. 
La recomendación ha sido dirigida al actual titular de la SSP, Jaime Ignacio Téllez Marié, más la responsabilidad corresponde al entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, hoy preso en el Penal de Pacho Viejo por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, y pide investigar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes deberán ser identificados e investigados por parte de esa dependencia, para que respondan por las responsabilidades administrativas y penales que les resulten.

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