Veracruz.- El fiscal de asuntos internacionales de
Guatemala, José Antonio Galdámez, destacó como medio de prueba para la
acreditación de la detención con fines de extradición del ex gobernador Javier
Duarte, una entrevista judicial y escrita realizada por la Procuraduría General
de República (PGR) al ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez
Zurita, el 13 de diciembre de 2016, que implica directamente al ex mandatario
en diversos ilícitos. En aquella entrevista, Bermúdez Zurita confesó ilícitos presuntamente
ordenados por Duarte de Ochoa cuando el entrevistado fue subsecretario y
titular de Seguridad Pública de Veracruz, en los periodos del 1 de Diciembre de
2010 al 4 de Agosto de 2016.
La información consta en los folios 463-468
integrados en la denuncia de la PGR. Los medios de prueba 5, 6, 7 y 8 contra
Duarte que aportó la PGR constan de varias entrevistas de audio y escritas a
Alfonso Ortega, José Juan Cisneiros y Arturo Bermúdez Zurita, donde señalan
directamente al ex gobernador veracruzano y a su esposa Karime Macías Tubilla
en el desvío de recursos públicos para beneficio propio (en tanto la ex
Presidenta del DIF Estatal sigue gozando de cabal salud en algún lugar del
reino Unido). Al concluir la audiencia en que el ex gobernador de Veracruz,
Javier Duarte, aceptó su extradición a México por los delitos federales de
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, su
defensa declaró que la acusación en contra del político carece de sustento
jurídico, pero que decidió aceptar las dos órdenes de extradición para
demostrar su inocencia en su país.
El abogado Carlos Velásquez afirmó que se
trata de una solicitud “muy infundada” y que tiene carácter político por sus
“adversarios”. A través de un comunicado entregado a los periodistas y firmado
por la defensa legal del político, se reitera que no existe “un análisis
jurídico serio”, que no se prueba la participación de Duarte en la supuesta
organización criminal y que, por ende, se ha aceptado la extradición, para
demostrarlo. El comunicado precisa que en el caso concreto en que se le imputa
la supuesta ilegalidad de una sola operación vinculada a unos ejidos, que ante
la falta de elementos del delito el resultado será que éste no se cometió.
Señala que en el caso de la acusación por operaciones con recursos de
procedencia ilícita, está planteada como si fuera peculado. Y agrega que como
una inconsistencia que la fecha en la que se presume se desviaron recursos del
gobierno de Veracruz para financiar la adquisición de los citados terrenos
ejidales, es posterior a la compra de los mismos. “Estamos frente a una orden
de aprehensión que adolece de serios vicios.
El presente asunto pone a
prueba el Estado de Derecho. Ni la política, ni acaso intereses de índole
alguno pueden pasar por encima de la Constitución, Leyes y Jurisprudencia.
Estamos listos”, señala el comunicado. El abogado vaticinó que dentro de 15 a
18 días hábiles habrán concluido los trámites administrativos para la
extradición de Duarte y que será a partir de entonces cuando la embajada
mexicana realice las coordinaciones necesarias para su traslado.
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