martes, 4 de julio de 2017

Revela el ORFIS que ayuntamientos veracruzanos usan la "licuadora" en el manejo de fondos federales

Veracuz.-Al emitir 210 Informes Ejecutivos derivados del análisis de los Programas Generales de Inversión y 205 de los Estados Financieros de los meses de enero, febrero y marzo del presente año en los municipios, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) reveló que los presidentes municipales no ejercen de manera eficiente los fondos federales pues incumplen las reglas de operación para abatir la pobreza y la inseguridad y copian el modelo de la pasada administración estatal al poner en marcha la llamada licuadora, es decir, transferir el dinero a otra cuenta. Los hallazgos son de suma importancia para la implantación de la Fiscalización que realizará el órgano local a partir de enero del año 2018, por lo que ya se notificó de los hallazgos a los presidentes municipales y titulares de las entidades paramunicipales, y se les hizo la recomendación para evitar observaciones en la revisión del manejo financiero. 
El Orfis detectó que los municipios asignan menos del 70 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en proyectos que incidan directamente en abatir el rezago social y la pobreza. “Tratándose también del FISMDF, porcentajes superiores a los establecidos: 30% en proyectos de incidencia complementaria, 15% en proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas, el 2% en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM) y 3% en gastos indirectos”. Sumado a que ejecutan obras no consideradas en el catálogo establecido para el FISMDF o fuera de las Zonas de Atención prioritaria y asignan menos del 20% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. Al revisar cómo se justifica el gasto, el órgano fiscalizador observó que faltan firmas de autoridades o servidores públicos que avalen la documentación; no hay coincidencia en las cifras entre diferentes reportes que integran los estados financieros; se da el traspaso entre cuentas; existe falta de amortización de la deuda; el registro de la información se da sin apegarse a los momentos contables y se encontraron fuentes de financiamiento para las que no se identificaron cuentas bancarias específicas. 
El desorden administrativo imposibilita identificar el registro de saldos pendientes de ministrar por concepto de Aportaciones y los reportes financieros no son coincidentes con los establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Gobernantes

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