martes, 4 de julio de 2017

Sostiene la ASF batalla legal contra la PGR por denuncias contra Duarte

Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) sostiene una batalla legal contra la Procuraduría General de la República (PGR), luego que ésta se declaró incompetente para investigar actos de corrupción del Gobierno de Javier Duarte en Veracruz.
El punto de conflicto es que 13 averiguaciones previas iniciadas en la PGR, por  denuncias de la ASF, fueron remitidas a la Fiscalía de Veracruz durante el sexenio de Duarte, donde fueron archivadas en cuestión de minutos el mismo día en que llegaron.
El órgano fiscalizador recurrió a una demanda de amparo en contra de las declaratorias de incompetencia de la PGR y la falta de notificación en la que incurrió la dependencia cuando tomó esa decisión.
De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, en julio de 2015 la ASF se percató que la PGR ya no estaba a cargo de algunas indagatorias que se habían iniciado por sus denuncias contra la Administración de Duarte.
Después pudo precisar que la Procuraduría se declaró incompetente en 13 expedientes, argumentando que los delitos denunciados eran del fuero común, y los remitió a la Fiscalía local.  Según fuentes allegadas al caso, el mismo día en que las indagatorias llegaron a Veracruz, el Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, amigo personal de Duarte, solicitó por oficio a la Contraloría una manifestación sobre los recursos denunciados por la ASF.
La mayoría de los desvíos por cientos de millones de pesos pertenecía a fondos del sector salud e infraestructura previstos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.  El Contralor de la administración duartista, Ricardo García Guzmán, respondió en 16 minutos por oficio a la Fiscalía manifestando que los recursos denunciados fueron debidamente aplicados.  Una hora más tarde, según informes consultados, el Fiscal decretó el no ejercicio de la acción penal.
La Auditoría presentó desde entonces una primer demanda de garantías ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, la 6793/2015, en la que reclamó que la PGR no le hizo de su conocimiento el derecho a la coadyuvancia.
También reclamó la determinación de declinar la competencia en las averiguaciones porque en su opinión los delitos y recursos imputados en sus denuncias son del orden federal, no del fuero común.  Cuestionó que la PGR no recabara su opinión antes de que determinara enviar las investigaciones a Veracruz, decisión que tomó a sus espaldas.
Por ello, solicitó invalidar los acuerdos de incompetencia dictados por la Dirección General de Asuntos Especiales y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.
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