Ciudad de México.- Al menos 217 organizaciones de la sociedad civil evidenciaron el fracaso del sistema de justicia en materia de defensa de los derechos humanos de los niños de la capital.
En una manifestación realizada afuera de los juzgados de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CDMX), al menos 100 mujeres denunciaron que los jueces siguen sin validar los testimonios de los menores víctimas de violencia familiar y sexual y siguen fallando bajo la figura de alienación parental, a pesar de que, dicha figura fue eliminada del Código Civil de la Ciudad de México el pasado 4 de agosto.
Las activistas y abogadas de diferentes organizaciones, como el Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes y el Centro de Apoyo a la mujer (CAM) aseguraron que la actuación de los jueces en materia familiar obstaculiza el acceso a la justicia a los menores.
Incluso, manifestaron que sus actuaciones se desarrollan en contra de lo establecido por la misma Ley General de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, al obligarlos a convivir en el Centro de Convivencias del Tribunal Superior de Justicia, aún cuando en algunos casos son los mismos familiares los acusados de cometer abuso sexual, como en el caso de los hijos de Mireya Agraz Cortés.
La unidad de organizaciones recordó que el pasado 8 de junio Mireya, sus dos hijas, su hijo y su padre fueron encontrados sin vida en un departamento de la delegación Magdalena Contreras.
La decisión de acabar con su vida y la de sus hijos aconteció luego de que la juez Onceava de lo Familiar del TSJ, Silvia Araceli García Larga, otorgó a Leopoldo Olvera Silva -expareja sentimental de Mireya- la guarda y custodia de sus tres hijos, no obstante, las denuncias y peritajes que avalaban que el padre abusaba de los pequeños.
“Mireya y sus tres hijos están muertos por resoluciones como las de la juez de este tribunal. El caso de Mireya es representativo, pues como ella hay cientos de casos. Los jueces no les creen a los niños, no juzgan con perspectiva de género porque ante denuncias de violencia señalan a las mujeres como mantenidas, que aconsejan a sus hijos por dinero”, denunciaron.
“Nosotros sí les creemos a las mujeres, si les creemos a las niños y niñas”, gritaron los manifestantes.
Patricia Olamendi, abogada de Instituto de Formacikn y Justicia de Derechos Humanos, y Laura Martínez Rodríguez, directora de Adivac, subrayaron en entrevista con apro la negativa del magistrado presidente del TSJ-CDMX, Álvaro Augusto Pérez, con quien se reunieron hace dos semanas, para pedirle que sus jueces trabajen con enfoque de género, que las sentencias salgan apegadas conforme a derecho y que respeten el interés superior de la infancia.
Según comentaron, Augusto Pérez dijo que “no podía hacer nada”: “Fue muy cerrado, parecía que estábamos hablando con un roble, con una pared”, dijeron.
Las organizaciones también pidieron la destitución de las juzgadoras Cristina Espinoza Roselló y Silvia Araceli García Lara, ambas encargadas del caso de Mireya.
Además, solicitaron la disolución de los Centros de Convivencia de los juzgados y que los jueces juzguen con perspectiva de género.
Luego de dos horas, un comité de cinco representantes fue recibido por la Elena Lugo, directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del TSJ-CDMX.
Proceso
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