Por Magdalena Gómez
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió el 23 de diciembre de 1994, que se celebrara el 9 de agosto de cada año el Día Internacional de los Pueblos Indígenas (A/RES/49/214).Así que ese día se muestra el gatopardismo oficial resultante de las políticas que se han definido para sacarle la vuelta al sentido de los derechos logrados por los pueblos indígenas.
Podemos encontrar personas indígenas participando en esa lógica, pero no a los pueblos indígenas y a sus comunidades tomando decisiones en esos espacios, pues la autonomía que demandaron y que nominalmente se les reconoció en la Constitución, la usurpan los poderes Ejecutivo y Legislativo. Sólo una muestra del discurso de la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI) el año pasado: Para nuestro país, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas sirve para celebrar la diversidad cultural, para visibilizar a la población indígena. En seguida reivindicaron a sus líderes: Los movimientos indígenas en México coinciden con movimientos internacionales, líderes mexicanos han estado sentados en las mesas de discusión y establecimientos de mecanismos e instrumentos de carácter nacional e internacional para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Una cosa es cierta, no han encontrado cómo apropiarse de las palabras autonomía y territorios, ni por error las incluyen. En abierto contraste, encontramos la mirada de los pueblos que luchan todos los días y celebran su resistencia desde las juntas de buen gobierno zapatistas, las policías comunitarias, el municipio autónomo de Cherán entre muchas experiencias. Su discurso es muy otro: “Nos encontramos en un grave momento de violencia, de miedo, de luto y de rabia, por la agudización de la guerra capitalista contra todas y todos en el territorio nacional. Vemos el asesinato de mujeres, por el hecho de ser mujeres, de niños por el hecho de ser niños, de pueblos por el hecho de ser pueblos… La clase política se ha empecinado en hacer del Estado una corporación que vende la tierra que es de los pueblos originarios, campesinos, urbanos… pasar a la ofensiva y hacer esa esperanza un Concejo Indígena de Gobierno para México, que apueste a la vida desde abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea laico y que responda a los siete principios del mandar obedeciendo como nuestra garantía moral” (CNI-EZLN: Llegó la hora, 28/5/17). Por su parte el centro de derechos humanos Tlachinollan se dispone a celebrar el 23 aniversario y compartir su informe anual: Guerrero: mar de luchas, montaña de ilusiones.
Mientras en la ONU traducen así los contrastes: A pesar de los avances realizados, hay una brecha entre el reconocimiento formal de los pueblos indígenas y el ejercicio de sus derechos en la práctica. Los pueblos indígenas siguen haciendo frente a la exclusión, la marginación e importantes dificultades para disfrutar de sus derechos básicos (9/2/16). De ello nos dan cuenta los rarámuris: “La política forestal vigente ha aumentado la brecha entre los que ganan por el aprovechamiento forestal y los que sólo viven de la agricultura y la pequeña ganadería, la mayoría de éstos, integrantes de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara; es más evidente su exclusión, viven un contexto de violencia que aumenta cada día. A pesar del derecho a los recursos naturales, a su uso preferente y del derecho a la consulta libre previa e informada, reconocidos en la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y en la Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable del estado de Chihuahua, en ningún caso la Semarnat ha consultado a las comunidades indígenas antes de expedir permisos de aprovechamiento forestal sobre sus territorios (Bosques de San Elías Repechique, municipio de Bocoyna, Ejido de Tewerichi, municipio de Carichí, Ciénega de Norogachi, municipio de Guachochi y organizaciones de defensa jurídica en esa entidad, 28 /7/17)).
El horizonte de lucha de los pueblos utiliza la organización y el derecho, en ese orden. He mantenido la postura contra la etnocéntrica y muy jurídica frase de que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Para mí el derecho no debe ser sólo asunto de especialistas. Por ello, a más de dos décadas de que elaboré Derechos indígenas: lectura comentada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (con dos ediciones en el hoy extinto Instituto Nacional Indigenista), se presentará la tercera edición, corregida y aumentada, bajo el auspicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual resulta emblemático, pues hoy día dicho convenio hace parte del llamado bloque de constitucionalidad a raíz de la reforma en materia de derechos humanos de 2011. El Poder Judicial es aún una zona de disputa, donde los pueblos pelean por la defensa de sus territorios con resultados diversos. Como vemos, el 9 de agosto debería ser mucho más que el día del gatopardismo.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió el 23 de diciembre de 1994, que se celebrara el 9 de agosto de cada año el Día Internacional de los Pueblos Indígenas (A/RES/49/214).Así que ese día se muestra el gatopardismo oficial resultante de las políticas que se han definido para sacarle la vuelta al sentido de los derechos logrados por los pueblos indígenas.
Podemos encontrar personas indígenas participando en esa lógica, pero no a los pueblos indígenas y a sus comunidades tomando decisiones en esos espacios, pues la autonomía que demandaron y que nominalmente se les reconoció en la Constitución, la usurpan los poderes Ejecutivo y Legislativo. Sólo una muestra del discurso de la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI) el año pasado: Para nuestro país, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas sirve para celebrar la diversidad cultural, para visibilizar a la población indígena. En seguida reivindicaron a sus líderes: Los movimientos indígenas en México coinciden con movimientos internacionales, líderes mexicanos han estado sentados en las mesas de discusión y establecimientos de mecanismos e instrumentos de carácter nacional e internacional para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Una cosa es cierta, no han encontrado cómo apropiarse de las palabras autonomía y territorios, ni por error las incluyen. En abierto contraste, encontramos la mirada de los pueblos que luchan todos los días y celebran su resistencia desde las juntas de buen gobierno zapatistas, las policías comunitarias, el municipio autónomo de Cherán entre muchas experiencias. Su discurso es muy otro: “Nos encontramos en un grave momento de violencia, de miedo, de luto y de rabia, por la agudización de la guerra capitalista contra todas y todos en el territorio nacional. Vemos el asesinato de mujeres, por el hecho de ser mujeres, de niños por el hecho de ser niños, de pueblos por el hecho de ser pueblos… La clase política se ha empecinado en hacer del Estado una corporación que vende la tierra que es de los pueblos originarios, campesinos, urbanos… pasar a la ofensiva y hacer esa esperanza un Concejo Indígena de Gobierno para México, que apueste a la vida desde abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea laico y que responda a los siete principios del mandar obedeciendo como nuestra garantía moral” (CNI-EZLN: Llegó la hora, 28/5/17). Por su parte el centro de derechos humanos Tlachinollan se dispone a celebrar el 23 aniversario y compartir su informe anual: Guerrero: mar de luchas, montaña de ilusiones.
Mientras en la ONU traducen así los contrastes: A pesar de los avances realizados, hay una brecha entre el reconocimiento formal de los pueblos indígenas y el ejercicio de sus derechos en la práctica. Los pueblos indígenas siguen haciendo frente a la exclusión, la marginación e importantes dificultades para disfrutar de sus derechos básicos (9/2/16). De ello nos dan cuenta los rarámuris: “La política forestal vigente ha aumentado la brecha entre los que ganan por el aprovechamiento forestal y los que sólo viven de la agricultura y la pequeña ganadería, la mayoría de éstos, integrantes de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara; es más evidente su exclusión, viven un contexto de violencia que aumenta cada día. A pesar del derecho a los recursos naturales, a su uso preferente y del derecho a la consulta libre previa e informada, reconocidos en la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y en la Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable del estado de Chihuahua, en ningún caso la Semarnat ha consultado a las comunidades indígenas antes de expedir permisos de aprovechamiento forestal sobre sus territorios (Bosques de San Elías Repechique, municipio de Bocoyna, Ejido de Tewerichi, municipio de Carichí, Ciénega de Norogachi, municipio de Guachochi y organizaciones de defensa jurídica en esa entidad, 28 /7/17)).
El horizonte de lucha de los pueblos utiliza la organización y el derecho, en ese orden. He mantenido la postura contra la etnocéntrica y muy jurídica frase de que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Para mí el derecho no debe ser sólo asunto de especialistas. Por ello, a más de dos décadas de que elaboré Derechos indígenas: lectura comentada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (con dos ediciones en el hoy extinto Instituto Nacional Indigenista), se presentará la tercera edición, corregida y aumentada, bajo el auspicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual resulta emblemático, pues hoy día dicho convenio hace parte del llamado bloque de constitucionalidad a raíz de la reforma en materia de derechos humanos de 2011. El Poder Judicial es aún una zona de disputa, donde los pueblos pelean por la defensa de sus territorios con resultados diversos. Como vemos, el 9 de agosto debería ser mucho más que el día del gatopardismo.
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