Por Manuel Carvallo
El derecho al agua es un derecho humano que no puede dejar de garantizar el Estado y ello obliga a todos los órdenes del Gobierno a coordinarse para satisfacerlo, afirmó el Ministro Sergio Valls Hernández, al inaugurar el Foro La sustentabilidad en el Sector Hídrico, Premisa Fundamental para un México Próspero, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), El Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional manifestó que cada autoridad ejecutiva, legislativa y judicial, en los diferentes niveles de gobierno, están obligadas por el artículo Primero Constitucional a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra el de un medio ambiente adecuado, integral y sustentable, así como al acceso, disposición y saneamiento de agua.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación está interesada en cooperar mediante la aportación de la perspectiva jurisdiccional, el marco jurídico y sus criterios sostenidos, en relación con la regulación del agua, que pudieran ser relevantes para la sustentabilidad del sector hídrico”, dijo.
Consideró que uno de los retos que enfrenta México actualmente es el de incluir al medio ambiente en el desarrollo socio-económico del país, a través de políticas públicas que impulsen el crecimiento, pero que a la vez sean compatibles con la protección de los recursos naturales, particularmente del agua.
El Ministro Valls Hernández explicó que con la realización de este Foro se pretende establecer los procesos que deben modificarse para lograr un uso más eficiente y sustentable del agua.
Comentó que se reflexionará sobre la adopción de un esquema de competencias y principios de los tres niveles de gobierno, respetando el marco constitucional, que garanticen la sustentabilidad financiera del sector hídrico.
Asimismo, informó, se estudiará la viabilidad de establecer una Ley General de Aguas, en la que se incluyan las facultades de las autoridades federales, estatales y municipales respecto del acceso, disposición y saneamiento del agua.
De igual forma, subrayó el Ministro, se discutirá la posibilidad de establecer dentro de un contexto jurídico, una cuota por la descarga de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la Nación. En este punto, añadió, se examinarán diversas alternativas como el establecimiento de una cuota diferenciada en función del sector productivo del contribuyente, número de habitantes del municipio, niveles de contaminación, entre otros.
El Ministro Valls expuso que durante el Foro se propondrá, también, el estudio de la viabilidad jurídica para que las zonas de disponibilidad que se utilizan para determinar el derecho por uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales, atienda a parámetros técnicos establecidos conforme a las características de la cuenca, y no por municipios.
Finalmente, expresó, se discutirán la posibilidad de que se transmita a la autoridad en tiempo real la salinidad del agua para quienes obtengan un certificado de agua salobre, para la obtención del beneficio fiscal previsto en ley.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación está interesada en cooperar mediante la aportación de la perspectiva jurisdiccional, el marco jurídico y sus criterios sostenidos, en relación con la regulación del agua, que pudieran ser relevantes para la sustentabilidad del sector hídrico”, dijo.
Consideró que uno de los retos que enfrenta México actualmente es el de incluir al medio ambiente en el desarrollo socio-económico del país, a través de políticas públicas que impulsen el crecimiento, pero que a la vez sean compatibles con la protección de los recursos naturales, particularmente del agua.
El Ministro Valls Hernández explicó que con la realización de este Foro se pretende establecer los procesos que deben modificarse para lograr un uso más eficiente y sustentable del agua.
Comentó que se reflexionará sobre la adopción de un esquema de competencias y principios de los tres niveles de gobierno, respetando el marco constitucional, que garanticen la sustentabilidad financiera del sector hídrico.
Asimismo, informó, se estudiará la viabilidad de establecer una Ley General de Aguas, en la que se incluyan las facultades de las autoridades federales, estatales y municipales respecto del acceso, disposición y saneamiento del agua.
De igual forma, subrayó el Ministro, se discutirá la posibilidad de establecer dentro de un contexto jurídico, una cuota por la descarga de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la Nación. En este punto, añadió, se examinarán diversas alternativas como el establecimiento de una cuota diferenciada en función del sector productivo del contribuyente, número de habitantes del municipio, niveles de contaminación, entre otros.
El Ministro Valls expuso que durante el Foro se propondrá, también, el estudio de la viabilidad jurídica para que las zonas de disponibilidad que se utilizan para determinar el derecho por uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales, atienda a parámetros técnicos establecidos conforme a las características de la cuenca, y no por municipios.
Finalmente, expresó, se discutirán la posibilidad de que se transmita a la autoridad en tiempo real la salinidad del agua para quienes obtengan un certificado de agua salobre, para la obtención del beneficio fiscal previsto en ley.
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