México, D.F.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que durante los primeros cinco años de la administración pasada, estuvieron bajo investigación 102 personas políticamente expuestas, mientras que la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó incongruencias en el patrimonio de 27 servidores públicos.
En su reporte sobre la revisión de las acciones en contra de la corrupción desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el 2011, la Auditoría informó que en el periodo 2007-2011, la SHCP coadyuvó a través de su Unidad de Inteligencia Financiera con la Procuraduría General de la República “en la investigación de 102 casos de personas políticamente expuestas.
En tanto, la Secretaría de la Función Pública, por medio de su Dirección General de Información e Integración, detectó incongruencias en el patrimonio de 27 servidores públicos”.
La Auditoría no especificó en su reporte los cargos o identidad de las 102 personas políticamente expuestas e investigadas.
De acuerdo con la SHCP, en el rango de políticos políticamente expuestos pueden entrar secretarios de Estado, directores y jefes de área, gobernadores, senadores, diputados, jueces, magistrados, titulares de organismos descentralizados y candidatos a todos los cargos de elección popular a nivel federal, estatal y municipal, entre otros.
La ASF recordó que la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda carecen de facultades para realizar investigaciones de cualquier tipo en materia de personas políticamente expuestas, por lo cual están impedidas jurídicamente para establecer mecanismos de coordinación de acciones para el combate a la corrupción en la Administración Pública Federal.
Sin embargo, precisó que en el periodo 2007-2011, la SHCP denunció ante el Ministerio Público (MP) a 12 servidores públicos de esa dependencia que detectó en la comisión de delitos tipificados en el Código Penal Federal como usurpación de funciones (un caso), falsedad de declaraciones (un caso), daño en propiedad ajena (un caso), ejercicio indebido del servicio público (tres casos), falsificación de documentos y uso de documento falso (cinco casos) y usurpación de profesión (un caso).
“Los delitos denunciados en el 2011 (siete casos) fueron mayores en 40.0% que los reportados en el periodo 2007-2010 (cinco casos)”, precisó la ASF en su revisión a la Cuenta Pública del 2011.
En tanto, la Auditoría recordó que el Grupo de Acción Financiera emitió 40 recomendaciones para evitar el lavado de dinero, y de las cuales, 16 se relacionan con el combate a la corrupción: tres (18.8%) fueron cumplidas por la Secretaría de Hacienda; siete (43.8%) se encuentran mayormente cumplidas; cuatro (25.0%) se han cumplido parcialmente, y las dos restantes (12.4%) no se han cumplido, “lo que significa que las acciones realizadas no han permitido cumplir cabalmente 13 recomendaciones (81.2%) del total” para el combate eficaz de la corrupción y al blanqueo de dinero.
Excelsior
En su reporte sobre la revisión de las acciones en contra de la corrupción desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el 2011, la Auditoría informó que en el periodo 2007-2011, la SHCP coadyuvó a través de su Unidad de Inteligencia Financiera con la Procuraduría General de la República “en la investigación de 102 casos de personas políticamente expuestas.
En tanto, la Secretaría de la Función Pública, por medio de su Dirección General de Información e Integración, detectó incongruencias en el patrimonio de 27 servidores públicos”.
La Auditoría no especificó en su reporte los cargos o identidad de las 102 personas políticamente expuestas e investigadas.
De acuerdo con la SHCP, en el rango de políticos políticamente expuestos pueden entrar secretarios de Estado, directores y jefes de área, gobernadores, senadores, diputados, jueces, magistrados, titulares de organismos descentralizados y candidatos a todos los cargos de elección popular a nivel federal, estatal y municipal, entre otros.
La ASF recordó que la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda carecen de facultades para realizar investigaciones de cualquier tipo en materia de personas políticamente expuestas, por lo cual están impedidas jurídicamente para establecer mecanismos de coordinación de acciones para el combate a la corrupción en la Administración Pública Federal.
Sin embargo, precisó que en el periodo 2007-2011, la SHCP denunció ante el Ministerio Público (MP) a 12 servidores públicos de esa dependencia que detectó en la comisión de delitos tipificados en el Código Penal Federal como usurpación de funciones (un caso), falsedad de declaraciones (un caso), daño en propiedad ajena (un caso), ejercicio indebido del servicio público (tres casos), falsificación de documentos y uso de documento falso (cinco casos) y usurpación de profesión (un caso).
“Los delitos denunciados en el 2011 (siete casos) fueron mayores en 40.0% que los reportados en el periodo 2007-2010 (cinco casos)”, precisó la ASF en su revisión a la Cuenta Pública del 2011.
En tanto, la Auditoría recordó que el Grupo de Acción Financiera emitió 40 recomendaciones para evitar el lavado de dinero, y de las cuales, 16 se relacionan con el combate a la corrupción: tres (18.8%) fueron cumplidas por la Secretaría de Hacienda; siete (43.8%) se encuentran mayormente cumplidas; cuatro (25.0%) se han cumplido parcialmente, y las dos restantes (12.4%) no se han cumplido, “lo que significa que las acciones realizadas no han permitido cumplir cabalmente 13 recomendaciones (81.2%) del total” para el combate eficaz de la corrupción y al blanqueo de dinero.
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