México, D.F.- A fin de blindar los programas sociales de intereses electorales y garantizar el desempeño ético de los servidores y que no se lucre políticamente con la necesidad de la gente, el senador Miguel Barbosa presentó una reforma al Artículo 134 constitucional.
La iniciativa del coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) refiere que en México aún persiste una visión utilitaria de las personas y su voto, como herencia de los pasados métodos clientelares. Añade que prácticas de ese tipo “son incompatibles con un Estado Constitucional de Derecho, por lo que es necesario establecer la protección constitucional adecuada para evitar que se presenten situaciones contrarias a ley, desde el gobierno, en sus tres niveles: municipal, estatal y federal, tal y como fue exhibido en Veracruz” .
El documento, presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, considera que son insuficientes los mecanismos legales que existen para evitar el uso de los recursos públicos de los programas sociales, ya que se generan condiciones para la impunidad. Además propone tres ejes para hacer factible la enmienda, como controles de corte preventivo, correctivo y sancionatorio.
Por lo anterior, se prevé un esquema de participación ciudadana en el diseño de los programas, la definición de prioridades y la ejecución de los rubros presupuestales, así como la vigilancia de su exacto cumplimiento. Asimismo incorpora uno de los enfoques principales que debe de tener el gobierno: el fortalecimiento del tejido social.
“El esquema propuesto incluye la creación a nivel constitucional de contralorías ciudadanas, que vigilen el exacto cumplimiento de los objetivos de los programas, su distribución, aplicación y ejecución” , destaca el texto de la iniciativa. Detalla que las contralorías se integrarán por ciudadanos de las comunidades beneficiarias de programas sociales, para lo cual se les dotará de plenas atribuciones para proponer la investigación y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que hagan de los programas sociales recompensas condicionadas a favoritismos electorales.
Sobre la parte correctiva, se establece que cuando esté en curso una investigación por uso de recursos públicos de los programas sociales con fines político electorales, se suspenda, como medida cautelar, a los involucrados, incluyendo la cadena de mando respectiva, para permitir una investigación imparcial. En la parte sancionatoria, se buscará establecer un modelo inhibidor de la conducta, con penas que correspondan a la gravedad del delito y con mecanismos eficaces que eviten la impunidad.
La iniciativa del coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) refiere que en México aún persiste una visión utilitaria de las personas y su voto, como herencia de los pasados métodos clientelares. Añade que prácticas de ese tipo “son incompatibles con un Estado Constitucional de Derecho, por lo que es necesario establecer la protección constitucional adecuada para evitar que se presenten situaciones contrarias a ley, desde el gobierno, en sus tres niveles: municipal, estatal y federal, tal y como fue exhibido en Veracruz” .
El documento, presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, considera que son insuficientes los mecanismos legales que existen para evitar el uso de los recursos públicos de los programas sociales, ya que se generan condiciones para la impunidad. Además propone tres ejes para hacer factible la enmienda, como controles de corte preventivo, correctivo y sancionatorio.
Por lo anterior, se prevé un esquema de participación ciudadana en el diseño de los programas, la definición de prioridades y la ejecución de los rubros presupuestales, así como la vigilancia de su exacto cumplimiento. Asimismo incorpora uno de los enfoques principales que debe de tener el gobierno: el fortalecimiento del tejido social.
“El esquema propuesto incluye la creación a nivel constitucional de contralorías ciudadanas, que vigilen el exacto cumplimiento de los objetivos de los programas, su distribución, aplicación y ejecución” , destaca el texto de la iniciativa. Detalla que las contralorías se integrarán por ciudadanos de las comunidades beneficiarias de programas sociales, para lo cual se les dotará de plenas atribuciones para proponer la investigación y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que hagan de los programas sociales recompensas condicionadas a favoritismos electorales.
Sobre la parte correctiva, se establece que cuando esté en curso una investigación por uso de recursos públicos de los programas sociales con fines político electorales, se suspenda, como medida cautelar, a los involucrados, incluyendo la cadena de mando respectiva, para permitir una investigación imparcial. En la parte sancionatoria, se buscará establecer un modelo inhibidor de la conducta, con penas que correspondan a la gravedad del delito y con mecanismos eficaces que eviten la impunidad.
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