México, D.F.- El Senado de la República discute un anteproyecto del próximo Código Nacional de Procedimientos Penales que podría poner en riesgo la esencia del nuevo sistema de justicia penal en lo relativo a la transparencia.
El proyecto, en dos de sus artículos, expone que estaría prohibido el ingreso de cámaras o videocámaras a los llamados juicios orales o de conciliación, por violentar el derecho de las personas que están en un juicio, además de que vulneraría las garantías para las víctimas. También se discute en ese anteproyecto si los medios de comunicación podrían entrar a las audiencias.
Expertos en el nuevo sistema penal así como jueces y magistrados señalan que la posibilidad de grabar los juicios y al mismo tiempo hacer públicas las audiencias generaría, como en otros países una percepción de transparencia y justicia en la sociedad.
Durante el Foro Nacional de Seguridad y Justicia celebrado en Morelia, Michoacán diversos ponentes expusieron la necesidad de que los juicios orales sean públicos y puedan grabarse en todo momento, tal y como se propuso desde el inició de la reforma penal.
De igual forma, el anteproyecto que se discute en el Senado expone las prohibiciones no sólo para rechazar el ingreso con una cámara a un juzgado, sino también la prohibición a videograbar el reconocimiento sospechosos de un crimen por parte de testigos. Incluso niega también la posiblidad de grabar las entrevistas de las autoridades a presuntos involucrados en un delito.
Hasta el momento este anteproyecto ha tenido un simulacro de casos al interior de la comisión de justicia del Senado de la República con la finalidad de analizar y evaluar los alcances del nuevo código nacional, pero contrario a lo que se propone en los artículos de la ley, dichos simulacros han sido grabados. De hecho el presidente de la comisión de justicia Roberto Gil Zuarth ha expuesto que dicho simulador ha permitido “ver las áreas de oportunidad para corregir, ajustar y modificar la redacción del dictamen”.
Gil Zuarth detalló que hasta la fecha se han revisado 14 artículos de dicho código en distintas representaciones judiciales y mediante viodeograbaciones que simulan casos reales con jueces, ministerios públicos, defensores y víctimas se han analizado los resultados.
Dentro del Foro Nacional de Seguridad y Justicia, uno de los ponentes fue el director y productor del documental Presunto Culpable, a Roberto Hernández. El realizador comentó a los jueces y magistrados el problema que le ha representado enfrentar diversos juicios sin poder presentar como pruebas grabaciones de las irregularidades ocurridas en los mismos procesos que hay en su contra.
En ese sentido, Hernández criticó el hecho de que las modificaciones a la reforma penal, sobre todo en aquellas que tienen que ver con trasparencia, no salgan a la luz.
“Y mientras, en los pasillos de la PGR, hay burócratas que profesan la una nueva religión: la religión del juicio oral, que dice que todos estos problemas se resolverán con la transparencia. La religión dice que no hace falta darle reglas operativas a la policía, porque eso es “sobreregular”.
El proyecto, en dos de sus artículos, expone que estaría prohibido el ingreso de cámaras o videocámaras a los llamados juicios orales o de conciliación, por violentar el derecho de las personas que están en un juicio, además de que vulneraría las garantías para las víctimas. También se discute en ese anteproyecto si los medios de comunicación podrían entrar a las audiencias.
Expertos en el nuevo sistema penal así como jueces y magistrados señalan que la posibilidad de grabar los juicios y al mismo tiempo hacer públicas las audiencias generaría, como en otros países una percepción de transparencia y justicia en la sociedad.
Durante el Foro Nacional de Seguridad y Justicia celebrado en Morelia, Michoacán diversos ponentes expusieron la necesidad de que los juicios orales sean públicos y puedan grabarse en todo momento, tal y como se propuso desde el inició de la reforma penal.
De igual forma, el anteproyecto que se discute en el Senado expone las prohibiciones no sólo para rechazar el ingreso con una cámara a un juzgado, sino también la prohibición a videograbar el reconocimiento sospechosos de un crimen por parte de testigos. Incluso niega también la posiblidad de grabar las entrevistas de las autoridades a presuntos involucrados en un delito.
Hasta el momento este anteproyecto ha tenido un simulacro de casos al interior de la comisión de justicia del Senado de la República con la finalidad de analizar y evaluar los alcances del nuevo código nacional, pero contrario a lo que se propone en los artículos de la ley, dichos simulacros han sido grabados. De hecho el presidente de la comisión de justicia Roberto Gil Zuarth ha expuesto que dicho simulador ha permitido “ver las áreas de oportunidad para corregir, ajustar y modificar la redacción del dictamen”.
Gil Zuarth detalló que hasta la fecha se han revisado 14 artículos de dicho código en distintas representaciones judiciales y mediante viodeograbaciones que simulan casos reales con jueces, ministerios públicos, defensores y víctimas se han analizado los resultados.
Dentro del Foro Nacional de Seguridad y Justicia, uno de los ponentes fue el director y productor del documental Presunto Culpable, a Roberto Hernández. El realizador comentó a los jueces y magistrados el problema que le ha representado enfrentar diversos juicios sin poder presentar como pruebas grabaciones de las irregularidades ocurridas en los mismos procesos que hay en su contra.
En ese sentido, Hernández criticó el hecho de que las modificaciones a la reforma penal, sobre todo en aquellas que tienen que ver con trasparencia, no salgan a la luz.
“Y mientras, en los pasillos de la PGR, hay burócratas que profesan la una nueva religión: la religión del juicio oral, que dice que todos estos problemas se resolverán con la transparencia. La religión dice que no hace falta darle reglas operativas a la policía, porque eso es “sobreregular”.
Animal Político
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