Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó ayer con modificaciones, con 331 votos a favor, 132 en contra y una abstención, la tercera minuta del Senado sobre las leyes secundarias energéticas, concretamente las leyes de Pemex y la CFE que convertirán a ambas en empresas productivas del Estado, con lo que dejarán de ser empresas paraestatales, y gozarán de autogobierno en materia de deuda y presupuesto.
Como parte del dictamen correspondiente, los diputados aprobaron en lo particular un adéndum al dictamen para permitir que Pemex y la CFE, con la aprobación de sus consejos de administración, utilicen sus ingresos propios excedentes a fin de incrementar su gasto de inversión física “o para cubrir sus pasivos laborales de corto y largo plazo en materia de pensiones y salud”.
Esta aprobación es, en los hechos, la primera parte de la propuesta para el saneamiento de los pasivos laborales de ambas entidades —la que corresponde a las empresas—, toda vez que la segunda etapa, aquella en la que el Estado mexicano asumirá parte de dicho adeudo y que se llevará al pleno el próximo viernes, está integrada al dictamen de la Ley Federal de Presupuesto.
El tema que incluyó precisamente el debate sobre los pasivos laborales por parte de las empresas, que se reservó como un capítulo especial para la discusión en lo particular, fue aprobado a las 20:30 horas con 326 votos a favor y 122 de las bancadas de la izquierda en contra.
TERCERA MINUTA. Cabe destacar que se trata de la tercera minuta del Senado para la cual las diversas bancadas presentaron 584 reservas que eran desahogadas en tres temas: pasivos laborales, régimen de responsabilidades y combate a la corrupción, y fortalecimiento de las empresas públicas del Estado.
Al cierre de esta edición se debatía una modificación más en ambas leyes, para dotar a los consejos de Administración de Pemex y de la CFE de facultades para establecer los casos en que, atendiendo al impacto o relevancia de las contrataciones, podrán participar “testigos sociales durante los procedimientos que realicen (ambas entidades), y sus empresas productivas subsidiarias, así como los mecanismos y requisitos para su designación”.
En esta nueva figura los “testigos sociales” podrán participar en calidad de observadores en las distintas etapas de los procedimientos de contratación; emitirán un testimonio final que incluya sus observaciones y, en su caso, recomendaciones, así como dar aviso a la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Responsabilidades, sobre las irregularidades que detecte.
Por la tarde, en conferencia de prensa, el coordinador del PRD, Silvano Aureoles, afirmó que su bancada presentaría una reserva en materia de transparencia y rendición de cuentas en Pemex y la CFE, relativa a la creación de una contraloría social en cada una de esas empresas, que sería aceptada porque había generado consenso en el PRI y PAN, aseguró.
PRD HABÍA AVALADO. En tanto, en el pleno, la discusión elevó su tono cuando ya en las reservas la diputada Irazema González, del PRI, en tribuna presentó la iniciativa energética del PRD, presentada al 19 de agosto de 2013 ante la Comisión Permanente, en la que se refiere precisamente a la necesidad de encontrar una solución al pasivo laboral de Pemex, para lo cual propone considerarlo en el presupuesto de la paraestatal.
Naturalmente, la intervención de la diputada tricolor mexiquense desató la ira perredista, que por conducto de Aleida Alavez aseguró que aquella propuesta en ningún momento plantea convertir a deuda pública los pasivos laborales.
De acuerdo al dictamen aprobado, Pemex y la CFE serán propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión.
Busca también establecer una nueva estructura corporativa y organizacional en ambas empresas, que modernice su productividad y atienda las legítimas exigencias de la sociedad para atajar las prácticas de corrupción.
Los consejos de Administración de cada empresa productiva del Estado autorizará, sin intervención de la Secretaría de Hacienda, los tabuladores, la estructura orgánica, las políticas de recursos humanos, su propio presupuesto, el destino de los ingresos excedentes, sus reglas de austeridad y las políticas para sus inversiones, así como las adecuaciones a sus propios presupuestos.
Como parte del dictamen correspondiente, los diputados aprobaron en lo particular un adéndum al dictamen para permitir que Pemex y la CFE, con la aprobación de sus consejos de administración, utilicen sus ingresos propios excedentes a fin de incrementar su gasto de inversión física “o para cubrir sus pasivos laborales de corto y largo plazo en materia de pensiones y salud”.
Esta aprobación es, en los hechos, la primera parte de la propuesta para el saneamiento de los pasivos laborales de ambas entidades —la que corresponde a las empresas—, toda vez que la segunda etapa, aquella en la que el Estado mexicano asumirá parte de dicho adeudo y que se llevará al pleno el próximo viernes, está integrada al dictamen de la Ley Federal de Presupuesto.
El tema que incluyó precisamente el debate sobre los pasivos laborales por parte de las empresas, que se reservó como un capítulo especial para la discusión en lo particular, fue aprobado a las 20:30 horas con 326 votos a favor y 122 de las bancadas de la izquierda en contra.
TERCERA MINUTA. Cabe destacar que se trata de la tercera minuta del Senado para la cual las diversas bancadas presentaron 584 reservas que eran desahogadas en tres temas: pasivos laborales, régimen de responsabilidades y combate a la corrupción, y fortalecimiento de las empresas públicas del Estado.
Al cierre de esta edición se debatía una modificación más en ambas leyes, para dotar a los consejos de Administración de Pemex y de la CFE de facultades para establecer los casos en que, atendiendo al impacto o relevancia de las contrataciones, podrán participar “testigos sociales durante los procedimientos que realicen (ambas entidades), y sus empresas productivas subsidiarias, así como los mecanismos y requisitos para su designación”.
En esta nueva figura los “testigos sociales” podrán participar en calidad de observadores en las distintas etapas de los procedimientos de contratación; emitirán un testimonio final que incluya sus observaciones y, en su caso, recomendaciones, así como dar aviso a la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Responsabilidades, sobre las irregularidades que detecte.
Por la tarde, en conferencia de prensa, el coordinador del PRD, Silvano Aureoles, afirmó que su bancada presentaría una reserva en materia de transparencia y rendición de cuentas en Pemex y la CFE, relativa a la creación de una contraloría social en cada una de esas empresas, que sería aceptada porque había generado consenso en el PRI y PAN, aseguró.
PRD HABÍA AVALADO. En tanto, en el pleno, la discusión elevó su tono cuando ya en las reservas la diputada Irazema González, del PRI, en tribuna presentó la iniciativa energética del PRD, presentada al 19 de agosto de 2013 ante la Comisión Permanente, en la que se refiere precisamente a la necesidad de encontrar una solución al pasivo laboral de Pemex, para lo cual propone considerarlo en el presupuesto de la paraestatal.
Naturalmente, la intervención de la diputada tricolor mexiquense desató la ira perredista, que por conducto de Aleida Alavez aseguró que aquella propuesta en ningún momento plantea convertir a deuda pública los pasivos laborales.
De acuerdo al dictamen aprobado, Pemex y la CFE serán propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión.
Busca también establecer una nueva estructura corporativa y organizacional en ambas empresas, que modernice su productividad y atienda las legítimas exigencias de la sociedad para atajar las prácticas de corrupción.
Los consejos de Administración de cada empresa productiva del Estado autorizará, sin intervención de la Secretaría de Hacienda, los tabuladores, la estructura orgánica, las políticas de recursos humanos, su propio presupuesto, el destino de los ingresos excedentes, sus reglas de austeridad y las políticas para sus inversiones, así como las adecuaciones a sus propios presupuestos.
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