Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) buscará, junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), obtener mejores prácticas para que las víctimas de violaciones a derechos humanos sean indemnizadas.
Los titulares del organismo y la Comisión firmaron un acuerdo para que se realice un foro de intercambio de experiencias, a fin de crear mecanismos que den certeza a las víctimas de que las violaciones a sus garantías serán compensadas con una indemnización.
El organismo informó ayer que tanto su presidenta, como el comisionado de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, refrendaron su compromiso de trabajo de ambas instituciones con un enfoque central a víctimas.
“Hay un reto de generar los mejores esquemas y precedentes en materia de indemnizaciones, así como dar certeza a las víctimas”, indicó la CDHDF.
Cabe señalar que, en el caso del Distrito Federal, el gobierno capitalino aceptó indemnizar a los 104 jóvenes que fueron detenidos de forma arbitraria el 1 de diciembre del 2012, durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente; sin embargo, hasta la fecha no se han especificado los montos que serán entregados, toda vez que se analizará caso por caso.
Los recursos podrían salir tanto del Gobierno del Distrito Federal, como de la Procuraduría de Justicia, la cual cuenta con un fondo de atención a víctimas del delito.
La indemnización fue planteada de forma expresa en la Recomendación 07/2013, emitida por el organismo defensor de los derechos.
Por otra parte, la Comisión realizó otro convenio de colaboración entre la CEAV y el proyecto Red DH Migrantes, el cual incluye la participación de las comisiones de derechos humanos del Distrito Federal, Tlaxcala, la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.
En tanto que la sociedad civil será representada por Frontera con Justicia Casa del Migrante de Saltillo, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, además del Fondo para las Migraciones de Honduras.
Los titulares del organismo y la Comisión firmaron un acuerdo para que se realice un foro de intercambio de experiencias, a fin de crear mecanismos que den certeza a las víctimas de que las violaciones a sus garantías serán compensadas con una indemnización.
El organismo informó ayer que tanto su presidenta, como el comisionado de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, refrendaron su compromiso de trabajo de ambas instituciones con un enfoque central a víctimas.
“Hay un reto de generar los mejores esquemas y precedentes en materia de indemnizaciones, así como dar certeza a las víctimas”, indicó la CDHDF.
Cabe señalar que, en el caso del Distrito Federal, el gobierno capitalino aceptó indemnizar a los 104 jóvenes que fueron detenidos de forma arbitraria el 1 de diciembre del 2012, durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente; sin embargo, hasta la fecha no se han especificado los montos que serán entregados, toda vez que se analizará caso por caso.
Los recursos podrían salir tanto del Gobierno del Distrito Federal, como de la Procuraduría de Justicia, la cual cuenta con un fondo de atención a víctimas del delito.
La indemnización fue planteada de forma expresa en la Recomendación 07/2013, emitida por el organismo defensor de los derechos.
Por otra parte, la Comisión realizó otro convenio de colaboración entre la CEAV y el proyecto Red DH Migrantes, el cual incluye la participación de las comisiones de derechos humanos del Distrito Federal, Tlaxcala, la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.
En tanto que la sociedad civil será representada por Frontera con Justicia Casa del Migrante de Saltillo, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, además del Fondo para las Migraciones de Honduras.
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