Ciudad de México.- La Cámara de Diputados remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público una iniciativa suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios, la cual plantea crear la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y reformar las leyes para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como del Código Federal de Procedimientos Penales.
El documento refiere que el caso de Ficrea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular en Liquidación, derivó de distintas irregularidades y serios problemas de cumplimiento normativo, aunado a la falta de transparencia e integridad de la información, así como a la falta de disposición de la Sociedad para atender de manera adecuada los requerimientos de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
No obstante, a la luz de este caso, se hicieron evidentes algunas debilidades y oportunidades de mejora en el marco legal que aplica al sector y sus diferentes participantes, las cuales en la presente Iniciativa se atienden, con la finalidad de promover una operación más profesional y segura por parte de los intermediarios, a la vez que se brindan mayores facultades de actuación a las autoridades.
De esta forma, la iniciativa prevé 3 ejes fundamentales: contar con un sector popular eficiente y sólido; fortalecer los mecanismos de supervisión, atendiendo a las particularidades de las sociedades financieras populares y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como el fortalecimiento de las facultades de las autoridades, y mejorar la protección de los ahorradores.
En cuanto a las sanciones, se establece que se castigará con prisión de 2 a 10 años y multa de 5 mil a 50 mil días de salario, a los socios, consejeros, funcionarios, directores o gerentes generales y demás directivos o empleados o auditores externos de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo o quienes intervengan directamente en una operación en la que omitan registrar las operaciones efectuadas por la Sociedad de que se trate, o que alteren los registros contables o financieros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados.
Se plantea prisión de 3 a 10 años y multa de 2 mil a 20 mil días de salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial no exceda del equivalente a 20 mil días de salario.
El documento refiere que el caso de Ficrea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular en Liquidación, derivó de distintas irregularidades y serios problemas de cumplimiento normativo, aunado a la falta de transparencia e integridad de la información, así como a la falta de disposición de la Sociedad para atender de manera adecuada los requerimientos de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
No obstante, a la luz de este caso, se hicieron evidentes algunas debilidades y oportunidades de mejora en el marco legal que aplica al sector y sus diferentes participantes, las cuales en la presente Iniciativa se atienden, con la finalidad de promover una operación más profesional y segura por parte de los intermediarios, a la vez que se brindan mayores facultades de actuación a las autoridades.
De esta forma, la iniciativa prevé 3 ejes fundamentales: contar con un sector popular eficiente y sólido; fortalecer los mecanismos de supervisión, atendiendo a las particularidades de las sociedades financieras populares y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como el fortalecimiento de las facultades de las autoridades, y mejorar la protección de los ahorradores.
En cuanto a las sanciones, se establece que se castigará con prisión de 2 a 10 años y multa de 5 mil a 50 mil días de salario, a los socios, consejeros, funcionarios, directores o gerentes generales y demás directivos o empleados o auditores externos de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo o quienes intervengan directamente en una operación en la que omitan registrar las operaciones efectuadas por la Sociedad de que se trate, o que alteren los registros contables o financieros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados.
Se plantea prisión de 3 a 10 años y multa de 2 mil a 20 mil días de salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial no exceda del equivalente a 20 mil días de salario.
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