EL PRECIO DE LA CORRUPCIÓN
No se cómo llegaron a esas conclusiones pero me fui de espalda cuando me entero que en el informe de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, señalan los diputados que la CORRUPCIÓN cuesta al país 341 mil millones de pesos, genera pérdida de 2 por ciento del PIB y representa 15 por ciento de la inversión pública.
La Comisión presentó conclusiones y 12 recomendaciones derivadas del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2013, cuyos resultados siguen siendo muy negativos pues la recurrencia de irregularidades y el hecho de que los dictámenes negativos vayan en aumento, ponen de manifiesto que existe dificultad para elevar la calidad del gasto, en un contexto donde las prácticas son contrarias a la normatividad y al marco jurídico.
En el país permanecen muy arraigadas la deshonestidad y la impunidad. La falta de seguimiento o de medidas concretas, se traduce en carencia de castigo a los responsables, ya que la acción fiscalizadora se queda en una recapitulación de toda esta cadena de incumplimientos y problemas de la administración pública.
El fondo del problema es que la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas es uno de los elementos básicos para el desarrollo adecuado de la vida democrática en el país, pero ya ha caído cada vez más, solo basta con ver la aceptación que tienen actualmente los candidatos a legisladores o alcaldes, quienes a su paso les cierran la puerta porque la gente ya no quiere más de lo mismo, promesas y más promesas.
No se cómo llegaron a esas conclusiones pero me fui de espalda cuando me entero que en el informe de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, señalan los diputados que la CORRUPCIÓN cuesta al país 341 mil millones de pesos, genera pérdida de 2 por ciento del PIB y representa 15 por ciento de la inversión pública.
La Comisión presentó conclusiones y 12 recomendaciones derivadas del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2013, cuyos resultados siguen siendo muy negativos pues la recurrencia de irregularidades y el hecho de que los dictámenes negativos vayan en aumento, ponen de manifiesto que existe dificultad para elevar la calidad del gasto, en un contexto donde las prácticas son contrarias a la normatividad y al marco jurídico.
En el país permanecen muy arraigadas la deshonestidad y la impunidad. La falta de seguimiento o de medidas concretas, se traduce en carencia de castigo a los responsables, ya que la acción fiscalizadora se queda en una recapitulación de toda esta cadena de incumplimientos y problemas de la administración pública.
El fondo del problema es que la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas es uno de los elementos básicos para el desarrollo adecuado de la vida democrática en el país, pero ya ha caído cada vez más, solo basta con ver la aceptación que tienen actualmente los candidatos a legisladores o alcaldes, quienes a su paso les cierran la puerta porque la gente ya no quiere más de lo mismo, promesas y más promesas.
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