Ciudad de México.- El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a garantizar la integridad física y seguridad jurídica de periodistas y defensores de derechos humanos, por considerarlo fundamental para el desarrollo democrático del país.
El organismo defensor emitió este martes un pronunciamiento público en el que enfatiza la necesidad de que el Estado salvaguarde a defensores de las garantías individuales, periodistas e instalaciones de medios de comunicación.
También reprobó de manera enérgica los recientes acontecimientos en los que murieron un periodista y una defensora de derechos humanos, así como el ataque a un medio de comunicación.
Todas esas acciones, aseveró, repercuten negativamente contra el derecho de la sociedad a contar con información oportuna y veraz, así como a gozar de una adecuada seguridad pública.
Subrayó que “no pasa inadvertida la obligación del Estado mexicano de investigar esas agresiones a profundidad, para que la autoridad judicial imponga a los responsables las sanciones que las leyes prevén y las víctimas y sus familiares conozcan la verdad”.
En el pronunciamiento del Consejo Consultivo destacó que los ataques antes referidos traen consecuencias en lo individual para las víctimas y sus familias, pero también en lo social.
Sostuvó que se trata de hechos que vulneran el régimen democrático y por ello las autoridades y la sociedad deben asumir en conjunto un compromiso con la libertad de expresión, con el objetivo de prevenir y sancionar de manera adecuada las agresiones de ese tipo.
El organismo defensor emitió este martes un pronunciamiento público en el que enfatiza la necesidad de que el Estado salvaguarde a defensores de las garantías individuales, periodistas e instalaciones de medios de comunicación.
También reprobó de manera enérgica los recientes acontecimientos en los que murieron un periodista y una defensora de derechos humanos, así como el ataque a un medio de comunicación.
Todas esas acciones, aseveró, repercuten negativamente contra el derecho de la sociedad a contar con información oportuna y veraz, así como a gozar de una adecuada seguridad pública.
Subrayó que “no pasa inadvertida la obligación del Estado mexicano de investigar esas agresiones a profundidad, para que la autoridad judicial imponga a los responsables las sanciones que las leyes prevén y las víctimas y sus familiares conozcan la verdad”.
En el pronunciamiento del Consejo Consultivo destacó que los ataques antes referidos traen consecuencias en lo individual para las víctimas y sus familias, pero también en lo social.
Sostuvó que se trata de hechos que vulneran el régimen democrático y por ello las autoridades y la sociedad deben asumir en conjunto un compromiso con la libertad de expresión, con el objetivo de prevenir y sancionar de manera adecuada las agresiones de ese tipo.
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