Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) creó el programa “Diseño y aplicación de la política educativa” en 2008 con un presupuesto de 12 mil millones de pesos sólo para ese año. A partir de 2009, la SEP ha gastado más de dos mil millones de pesos anuales en ese programa sin que existan reglas para su distribución. Por eso, el dinero se ha ocupado para comprar vehículos de funcionarios, premios a deportistas, ayudas sociales y otros gastos burocráticos.
La finalidad del “programa” fue aumentar la cobertura de todos los niveles educativos mediante la implementación y evaluación de estrategias; sin embargo, se ha convertido en una caja chica dentro de la Secretaría para solventar viáticos, lavandería, compra de artículos deportivos, mantenimiento de vehículos y más gastos que no entran en otras partidas presupuestales.
De acuerdo con la evaluación del programa, elaborado por Blanca Heredia y Alberto Serdán, investigadores del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a siete años de operación, el programa carece de “reglas o lineamientos de operación, de un documento normativo que establezca las razones de su creación, el problema público que busca resolver, los propósitos que se han planteado y los mecanismos para su operación”.
El director del programa, Antonio Ávila, reconoció que esta partida presupuestal nació “desordenada” y han tratado de mejorar el sistema de distribución, pero el problema es “la complejidad y el tamaño de la Secretaría”.
En entrevista con Animal Político, afirma que el dinero se ha gastado para “todas las cosas necesarias para el cumplimiento de la política educativa”, donde intervienen 55 áreas. Sin embargo, la partida se distribuye desde la oficina del secretario o la unidad de asuntos jurídicos, hasta televisión educativa y la oficina de servicios en los estados.
Esto la ha vuelto un “repositorio” de actividades que no encuentran “cabida en el resto de la estructura programática”, advierte el análisis del CIDE, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como parte de las evaluaciones externas a los programas presupuestarios.
Sólo en 2008, durante la administración de Josefina Vázquez Mota, se aprobó un presupuesto de dos mil 400 millones de pesos para dicha partida, pero se gastaron 12 mil 500 millones de pesos. De ellos, nueve mil millones de pesos fueron asignados a la Subsecretaría de Educación Básica, entonces dirigida por Fernando González.
Al final del sexenio, entre 2009 y 2012, se ejerció entre mil 500 y mil 600 millones de pesos. A partir de la administración de Emilio Chuyaffet en la SEP, se gastaron 2 mil 200 millones de pesos en 2013 y 2 mil 100 millones de pesos en 2014, cifra igual a la presupuestada para 2015.
La finalidad del “programa” fue aumentar la cobertura de todos los niveles educativos mediante la implementación y evaluación de estrategias; sin embargo, se ha convertido en una caja chica dentro de la Secretaría para solventar viáticos, lavandería, compra de artículos deportivos, mantenimiento de vehículos y más gastos que no entran en otras partidas presupuestales.
De acuerdo con la evaluación del programa, elaborado por Blanca Heredia y Alberto Serdán, investigadores del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a siete años de operación, el programa carece de “reglas o lineamientos de operación, de un documento normativo que establezca las razones de su creación, el problema público que busca resolver, los propósitos que se han planteado y los mecanismos para su operación”.
El director del programa, Antonio Ávila, reconoció que esta partida presupuestal nació “desordenada” y han tratado de mejorar el sistema de distribución, pero el problema es “la complejidad y el tamaño de la Secretaría”.
En entrevista con Animal Político, afirma que el dinero se ha gastado para “todas las cosas necesarias para el cumplimiento de la política educativa”, donde intervienen 55 áreas. Sin embargo, la partida se distribuye desde la oficina del secretario o la unidad de asuntos jurídicos, hasta televisión educativa y la oficina de servicios en los estados.
Esto la ha vuelto un “repositorio” de actividades que no encuentran “cabida en el resto de la estructura programática”, advierte el análisis del CIDE, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como parte de las evaluaciones externas a los programas presupuestarios.
Sólo en 2008, durante la administración de Josefina Vázquez Mota, se aprobó un presupuesto de dos mil 400 millones de pesos para dicha partida, pero se gastaron 12 mil 500 millones de pesos. De ellos, nueve mil millones de pesos fueron asignados a la Subsecretaría de Educación Básica, entonces dirigida por Fernando González.
Al final del sexenio, entre 2009 y 2012, se ejerció entre mil 500 y mil 600 millones de pesos. A partir de la administración de Emilio Chuyaffet en la SEP, se gastaron 2 mil 200 millones de pesos en 2013 y 2 mil 100 millones de pesos en 2014, cifra igual a la presupuestada para 2015.
Animal Político
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