Estado de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dirigió la recomendación 12/2016 al Procurador General de Justicia de la entidad por violar el derecho de acceso a la justicia de una mujer que fue lesionada y abusada sexualmente, con lo cual fue revictimizada por servidores públicos involucrados.
De acuerdo a la investigación del organismo defensor, un agente del ministerio público de Nezahualcóyotl inició una nota criminal por lesiones graves contra una mujer y a pesar de que se informó de un posible abuso sexual, no acudió a recabar la declaración al hospital donde era atendida, no clasificó las lesiones ni fue al lugar de los hechos para la inspección correspondiente.
Por mandato legal, el Estado tiene la obligación de investigar de manera oficiosa, oportuna, competente, imparcial y exhaustiva, la conducta delictiva para identificar al posible responsable, sustentar la sanción respectiva, así como asegurar la reparación del daño, pero sobre todo, permitir el acceso a una institución garante de derechos fundamentales. Asimismo, señala que los derechos de acceso a la justicia y a la verdad deben ser satisfechos por los servidores públicos en este tipo de delitos y, debe tenerse la perspectiva de género como principio esencial.
En este caso, los agentes del ministerio público que intervinieron en la integración de la carpeta de investigación, se apartaron de los principios básicos de debida diligencia, omisión que incidió de forma negativa en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia de la joven.
El ministerio público que recibió la denuncia, justificó la omisión de dar atención y su falta de actuación por la carga de trabajo del médico legista, sin embargo, en su comparecencia tuvo contradicciones porque primero dijo que el especialista no estaba en el Centro de Justicia y luego, que estaba realizando una necropsia y no podía trasladarse al nosocomio. No obstante, se constató que el médico no recibió ni por escrito ni de forma verbal la solicitud de valoración de la agraviada.
Una tercera servidora pública implicada, argumentó que su falta de atención fue porque cuando acudió a la Cruz Roja, ya no estaba la víctima hospitalizada; además de que arguyó que ni la quejosa ni los familiares comparecieron para informar que había sido dada de alta. Por tanto, remitió la noticia criminal a la Unidad de Investigaciones de Neza La Perla, cuyos elementos debían actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
Fue hasta que la Codhem intervino, que se hicieron las primeras diligencias, donde la víctima relató los hechos y presentó su denuncia formal por los delitos de lesiones y violación, comentó que entregó una fotografía del presunto delincuente y dio datos de dónde podrían encontrar a sus familiares, ya que eran sus vecinos; además de mostrar las prendas de vestir que usaba el día de la agresión, pero el agente le indicó que las guardara.
En ese sentido, la Codhem solicitó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, beneficiarla a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para la Protección a las Víctimas y Ofendidos del Delito; además la procuraduría debe brindarle atención médica y psicológica especializada.
Entre los puntos recomendatorios pidió que para evitar la revictimización, en un plazo razonable se logre el acceso a la justicia, a fin de realizar a la brevedad las diligencias; ordenar la adecuada coordinación entre los agentes del ministerio público y la policía municipal para realizar una investigación; brindar cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los servidores públicos del Centro de Atención Ciudadana de La Perla, Nezahualcóyotl y en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, instalar una agencia especializada en materia de violencia sexual, familiar y de género para sensibilizar a los servidores públicos que ofrezcan dicha atención.
De acuerdo a la investigación del organismo defensor, un agente del ministerio público de Nezahualcóyotl inició una nota criminal por lesiones graves contra una mujer y a pesar de que se informó de un posible abuso sexual, no acudió a recabar la declaración al hospital donde era atendida, no clasificó las lesiones ni fue al lugar de los hechos para la inspección correspondiente.
Por mandato legal, el Estado tiene la obligación de investigar de manera oficiosa, oportuna, competente, imparcial y exhaustiva, la conducta delictiva para identificar al posible responsable, sustentar la sanción respectiva, así como asegurar la reparación del daño, pero sobre todo, permitir el acceso a una institución garante de derechos fundamentales. Asimismo, señala que los derechos de acceso a la justicia y a la verdad deben ser satisfechos por los servidores públicos en este tipo de delitos y, debe tenerse la perspectiva de género como principio esencial.
En este caso, los agentes del ministerio público que intervinieron en la integración de la carpeta de investigación, se apartaron de los principios básicos de debida diligencia, omisión que incidió de forma negativa en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia de la joven.
El ministerio público que recibió la denuncia, justificó la omisión de dar atención y su falta de actuación por la carga de trabajo del médico legista, sin embargo, en su comparecencia tuvo contradicciones porque primero dijo que el especialista no estaba en el Centro de Justicia y luego, que estaba realizando una necropsia y no podía trasladarse al nosocomio. No obstante, se constató que el médico no recibió ni por escrito ni de forma verbal la solicitud de valoración de la agraviada.
Una tercera servidora pública implicada, argumentó que su falta de atención fue porque cuando acudió a la Cruz Roja, ya no estaba la víctima hospitalizada; además de que arguyó que ni la quejosa ni los familiares comparecieron para informar que había sido dada de alta. Por tanto, remitió la noticia criminal a la Unidad de Investigaciones de Neza La Perla, cuyos elementos debían actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
Fue hasta que la Codhem intervino, que se hicieron las primeras diligencias, donde la víctima relató los hechos y presentó su denuncia formal por los delitos de lesiones y violación, comentó que entregó una fotografía del presunto delincuente y dio datos de dónde podrían encontrar a sus familiares, ya que eran sus vecinos; además de mostrar las prendas de vestir que usaba el día de la agresión, pero el agente le indicó que las guardara.
En ese sentido, la Codhem solicitó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, beneficiarla a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para la Protección a las Víctimas y Ofendidos del Delito; además la procuraduría debe brindarle atención médica y psicológica especializada.
Entre los puntos recomendatorios pidió que para evitar la revictimización, en un plazo razonable se logre el acceso a la justicia, a fin de realizar a la brevedad las diligencias; ordenar la adecuada coordinación entre los agentes del ministerio público y la policía municipal para realizar una investigación; brindar cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los servidores públicos del Centro de Atención Ciudadana de La Perla, Nezahualcóyotl y en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, instalar una agencia especializada en materia de violencia sexual, familiar y de género para sensibilizar a los servidores públicos que ofrezcan dicha atención.
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