Veracruz.- Todo parece indicar que el caso Javier Duarte de Ochoa no pasará de ser una simulación por parte de la Federación, y el combate a la corrupción sólo es una mascarada. Y es que de otra forma no se explica cómo es que la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados determinó que el análisis de los 352 solicitudes de juicio político presentadas a lo largo de 13 años se realizará de forma cronológica, de tal suerte que las demandas contra el gobernador de Veracruz y otros ex mandatarios del PRI y del PAN acusados de corrupción, y contra el ex procurador Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, serán las últimas en ser analizadas, esto es, muy probablemente dentro de un año.
Y salvo que la Procuraduría General de la República solicitara juicio de procedencia contra el mandatario, nada ocurriría y Duarte de Ochoa podrá entregar el cargo feliz de la vida. Y ha sido la hermana del subcomandante insurgente Marcos (ahora Galeano), Mercedes Guillén Vicente, quien indicó que por ley el análisis de las querellas debe ser en función del orden en que se presentaron, mientras el PRD alertó sobre el riesgo de que el PRI agote los tiempos para que expiren las denuncias, que en su mayoría son contra integrantes de ese instituto político.
Guillén Vicente, miembro de la subcomisión y presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, advirtió sin embargo, que hay muchos procesos solicitados que ya han prescrito. El juicio político solamente se puede intentar en el tiempo en que el funcionario ocupa el cargo y un año después de haberlo dejado, por lo que realizarán consultas jurídicas al respecto, dijo. En la lista hay casos de ex gobernadores como el de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien concluyó su gestión en septiembre del año pasado, o de ex presidentes de la República, como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Vicente Fox, cuyos sexenios concluyeron años atrás.
También, figuran ex funcionarios, ex legisladores, ministros y magistrados de todas las filiaciones políticas, y en ese sentido, el perredista Rafael Hernández Soriano señaló que los legisladores priístas están planteando que la revisión de las solicitudes se haga en orden cronológico, y eso desde luego sería controlar la impunidad, porque cuando se revise el caso más cercano, seguramente habrá prescrito. Sin definir fechas, la Subcomisión de Examen Previo acordó ordenar y sistematizar la atención de las denuncias en dos etapas para atender el rezago de 10 años.
En la primera, se verán los asuntos correspondientes a las legislaturas 59, 60 y 61, que comprenden de 2003 a los primeros meses 2012. Y la segunda, una vez agotada la primera, los de las legislaturas 62 y 63, relativo a la segunda mitad de 2012 hasta el presente. En cuanto a las denuncias consideradas notoriamente improcedentes, se determinó que se resolverán en un mismo acto.
También, se estableció que la subcomisión se apoyará de una secretaría técnica para analizar las conductas y elaborar los proyectos de dictamen correspondientes.
Y salvo que la Procuraduría General de la República solicitara juicio de procedencia contra el mandatario, nada ocurriría y Duarte de Ochoa podrá entregar el cargo feliz de la vida. Y ha sido la hermana del subcomandante insurgente Marcos (ahora Galeano), Mercedes Guillén Vicente, quien indicó que por ley el análisis de las querellas debe ser en función del orden en que se presentaron, mientras el PRD alertó sobre el riesgo de que el PRI agote los tiempos para que expiren las denuncias, que en su mayoría son contra integrantes de ese instituto político.
Guillén Vicente, miembro de la subcomisión y presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, advirtió sin embargo, que hay muchos procesos solicitados que ya han prescrito. El juicio político solamente se puede intentar en el tiempo en que el funcionario ocupa el cargo y un año después de haberlo dejado, por lo que realizarán consultas jurídicas al respecto, dijo. En la lista hay casos de ex gobernadores como el de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien concluyó su gestión en septiembre del año pasado, o de ex presidentes de la República, como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Vicente Fox, cuyos sexenios concluyeron años atrás.
También, figuran ex funcionarios, ex legisladores, ministros y magistrados de todas las filiaciones políticas, y en ese sentido, el perredista Rafael Hernández Soriano señaló que los legisladores priístas están planteando que la revisión de las solicitudes se haga en orden cronológico, y eso desde luego sería controlar la impunidad, porque cuando se revise el caso más cercano, seguramente habrá prescrito. Sin definir fechas, la Subcomisión de Examen Previo acordó ordenar y sistematizar la atención de las denuncias en dos etapas para atender el rezago de 10 años.
En la primera, se verán los asuntos correspondientes a las legislaturas 59, 60 y 61, que comprenden de 2003 a los primeros meses 2012. Y la segunda, una vez agotada la primera, los de las legislaturas 62 y 63, relativo a la segunda mitad de 2012 hasta el presente. En cuanto a las denuncias consideradas notoriamente improcedentes, se determinó que se resolverán en un mismo acto.
También, se estableció que la subcomisión se apoyará de una secretaría técnica para analizar las conductas y elaborar los proyectos de dictamen correspondientes.
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