lunes, 31 de octubre de 2016

PLUMA NEGRA

OPLE OBILGA A SEFIPLAN A PAGAR
TOMAS BUSTOS EN MEDELLIN

Por: José Calzada

De acuerdo a la resolución  de la Sala Superior del  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 27 de octubre venció el plazo para que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cumpliera con el pago de 155 millones de pesos que adeuda al Organismo Público Local Electoral (OPLE) desde el pasado mes de octubre.
En esa situación jurídica, a partir del 28 de octubre, el Consejo General del OPLE está en condiciones de solicitar acciones  legales en contra de la SEFIPLAN por la falta de cumplimiento de un mandato federal que se puede traducir en  el embargo de activos o cuentas de la dependencia encargada de los pagos hasta la aprehensión del titular de la misma por evadir una responsabilidad legal y constitucional.
El consejero presidente José Alejandro Bonilla Bonilla está además, obligado a proceder legalmente en contra de la SEFIPLAN lo que llevaría a los tribunales a ordenar a la autoridad judicial la aplicación inmediata de las acciones legales que obliguen al pago de la deuda que impacta a las finanzas del OPLE, organismo que a su vez, mantiene adeudos millonarios con proveedores y empleados desde hace más de ocho meses y que tiene en puerta la obligación de iniciar el proceso para la organizar las elecciones locales de renovación de presidencias municipales en el verano del 2017.
De acuerdo al expediente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  la SEFIPLAN dejó de entregar los recursos completos al OPLE desde marzo del 2016,  sólo ha entregado abonos con atrasos de por lo menos dos meses, lo mismo sucedió con las prerrogativas a los partidos políticos y en general a todo el presupuesto del organismo electoral que si bien es cierto ha dejado mucho qué decir en su actuar en términos constitucionales es el facultado para la organización de las elecciones en el estado de Veracruz.
Las ministraciones que no llegaron al OPLE mantienen pues afectaciones a los trabajadores que cubrieron tareas intensas en los consejos distritales y otras oficinas de la institución por un monto superior a los 22 millones de pesos, por poner un ejemplo, de ahí se pueden enlistar a proveedores de todos los bienes y servicios que requiere la operación del organismo electoral.
De concretarse la orden de pagar la deuda,  el OPLE tendría solvencia para iniciar en noviembre su ejercicio 2016-2017 que significa instalar el Consejero General y los 212 consejos municipales para arrancar con el proceso de novación de los ayuntamientos veracruzanos.
Así es que sí, en las próximas horas la SEFIPLAN no cubre más de 150 millones de pesos, el consejero presidente estará obligado legalmente a interponer un Recurso de Inejecución ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial para las acciones legales ya antes expuestas, lo que abonará sin duda, al de por sí agitado clima de incertidumbre política y económica que caracterizó a la administración de Javier Duarte de Ochoa en los últimos seis años.
TOMAS BUSTOS EN MEDELLIN
A la salida del ahora prófugo de la justicia Omar Cruz Reyes de la presidencia municipal, de Medellín, llegó por la vía de la suplencia y tras una serie de aventuras,  Luis Gerardo Pérez y con él un manejo de la administración de parte de Tomás Antonio Bustos Mendoza desde la oficina de Fiscalización del Congreso de Veracruz, desde donde opera de manera equivocada la política de Medellín de Bravo a través de un hampones de nombre Eduardo Andrade Rocha.
Eduardo Andrade Rocha colocó en los puestos administrativos a la Tesorera, Graciela Campos Amador, así como también a los directores de ingresos y egresos, posiciones que son fundamentales en cualquier ayuntamiento, mientras que el alcalde constitucional se dedica a observar desde la barrera sin tener la capacidad de tomar decisiones, por eso los habitantes han demostrado a través de la toma del Palacio Municipal toda su inconformidad.
La operación del Secretario de Fiscalización del Congreso del estado en Medellín se evidencia con la nomina de su hijo y dos personas más que fueron colocadas de manera directa, sin trabajar y con altos sueldos que se pagan con recursos públicos que deberían aplicarse en acciones y obras a favor de los ciudadanos.
Andrade Rocha pretende apoderarse del control del negocio de la distribución del gua entubada, por eso convenció al presidente municipal de las inconveniencias de que el ayuntamiento estuviera adherido a junto con Boca del Rio y Veracruz  en un órgano que regulará el cobro del servicio del agua de los habitantes, su idea es colocar a empresas aliadas en una sociedad oscura que le reditúe beneficios amplios a él y Tomás Bustos Mendoza.
Por eso los integrantes de la Contraloría Ciudadana encabezados por Francisco Carmona han iniciado acciones de resistencia civil que exigen la salida inmediata de Eduardo Andrade Rocha, que el funcionario del Congreso Local deje de meter las manos y que el alcalde Gerardo Pérez cumpla con su obligación constitucional de atender de manera transparente la problemática de Medellin de Bravo.

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