Texcoco, Estado de México.- En la comunidad de San Miguel Coatlinchán, ubicada en el municipio de Texcoco en el Estado de México, el comisariado ejidal y el tesorero son señalados como responsables de apropiarse más de 3.7 millones de pesos que serían utilizados para la restauración y rehabilitación forestal de 850 hectáreas que se encontraban degradadas en el ejido.
Los hechos ocurrieron en el año 2015 y continúan en este 2016, cuando una empresa de alto renombre gestionó para la comunidad el apoyo a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), donde también se tenía contemplada la incorporación de más de 450 personas de la comunidad al empleo temporal.
De acuerdo con fuentes fidedignas, a la empresa consultora le correspondía ejecutar los trabajos, sin embargo estas personas establecieron a la empresa que ejidatarios de la zona serían los encargados de los trabajos de reforestación y la mano de obra. Para ello, el ex presidente del comisariado ejidal Jorge Venancio Garay Mancilla y su operador Enrique Meraz Mancilla obligaron a la empresa a entregar cheques y depósitos cercanos a los 7 millones de pesos, bajo amenaza de negar el acceso al poblado sino se realizaban los “trámites” conforme ellos lo estipulaban. Asimismo, la esposa del señor Enrique Meraz fue presentada como la jefa de mano de obra, es decir la que recibiría los depósitos.
Una vez que personal de la consultora señaló al ejido las inconsistencias que se presentaban, entre las que destacaban falsificación de nombres, firmas de “supuesto” personal de mano de obra, así como de “supuestos” trabajadores a cargo del ejido quienes hacían mal los trabajos; el ejido se negó a realizar actividades para corregir la situación; además se hizo de conocimiento público que ocultaron material para más de 7 kilómetros de cercado que les entregó la empresa, el cual presuntamente vendió Meraz a particulares.
En noviembre de 2015, concluyó la presidencia de Jorge Venancio Garay y hasta el mes de abril del presente año, el ejido quedó sin autoridades y sin poder cobrar 3.7 millones de pesos restantes del proyecto, para pagar finiquitos a proveedores de asesoría técnica, de materiales y de maquinaria incluidos dentro del proyecto de trabajo para la reforestación.
Sin embargo, tras integrarse el nuevo comité del comisariado ejidal, quedó como presidente José Eliceo Chavarría Mancilla, quien se adelantó a hacer el cobro de tal cantidad, mediante transferencia interbancaria de la CONAFOR a su cuenta personal. Pero al percatarse del monto, el comisariado negó toda comunicación con la empresa consultora y con los proveedores, negándoles todos los pagos que se les debían, dejando grandes deudas.
Para acabar con toda relación con la empresa, Chavarria arbitrariamente hizo el cambio de asesor técnico, señalando supuestos incumplimientos, a pesar de que CONAFOR certificó el cumplimiento de la empresa y pidió al ejido hacer correcciones. A su vez, Chavarría ocultó al ejido que existía dicho monto, inclusive informó a la comunidad que no se habían recibido recursos de los apoyos a causa de los supuestos incumplimientos. Además ha puesto en riesgo a la comunidad de recibir una demanda por incumpliendo de contrato por parte del ejido.
Se presume que José Chavarria y Enrique Meraz han sustraído casi todo el dinero de la cuenta bancaria y que han simulado la continuidad de la reforestación con plantas que recibieron por donación, de forma gratuita, de la CONAFOR para justificar el uso de esas cantidades gigantescas de dinero, que sumado a lo que Mancilla y el ex comisariado ejidal Jorge Garay desviaron de la mano de obra, suman millones de pesos que debieron haberse invertido en la recuperación de los deteriorados bosques de San Miguel Coatlinchán y en beneficio del ejido y su comunidad.
Hasta el momento fuentes fidedignas señalan que las autoridades ejidales derrochan de dinero en fiestas privadas con prostitutas y; además de que adquirieron vehículos nuevos, también han realizado remodelaciones en sus casas y negocios, mientras que la mayoría de los miembros del ejido viven en condiciones de pobreza.
Los hechos ocurrieron en el año 2015 y continúan en este 2016, cuando una empresa de alto renombre gestionó para la comunidad el apoyo a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), donde también se tenía contemplada la incorporación de más de 450 personas de la comunidad al empleo temporal.
De acuerdo con fuentes fidedignas, a la empresa consultora le correspondía ejecutar los trabajos, sin embargo estas personas establecieron a la empresa que ejidatarios de la zona serían los encargados de los trabajos de reforestación y la mano de obra. Para ello, el ex presidente del comisariado ejidal Jorge Venancio Garay Mancilla y su operador Enrique Meraz Mancilla obligaron a la empresa a entregar cheques y depósitos cercanos a los 7 millones de pesos, bajo amenaza de negar el acceso al poblado sino se realizaban los “trámites” conforme ellos lo estipulaban. Asimismo, la esposa del señor Enrique Meraz fue presentada como la jefa de mano de obra, es decir la que recibiría los depósitos.
Una vez que personal de la consultora señaló al ejido las inconsistencias que se presentaban, entre las que destacaban falsificación de nombres, firmas de “supuesto” personal de mano de obra, así como de “supuestos” trabajadores a cargo del ejido quienes hacían mal los trabajos; el ejido se negó a realizar actividades para corregir la situación; además se hizo de conocimiento público que ocultaron material para más de 7 kilómetros de cercado que les entregó la empresa, el cual presuntamente vendió Meraz a particulares.
En noviembre de 2015, concluyó la presidencia de Jorge Venancio Garay y hasta el mes de abril del presente año, el ejido quedó sin autoridades y sin poder cobrar 3.7 millones de pesos restantes del proyecto, para pagar finiquitos a proveedores de asesoría técnica, de materiales y de maquinaria incluidos dentro del proyecto de trabajo para la reforestación.
Sin embargo, tras integrarse el nuevo comité del comisariado ejidal, quedó como presidente José Eliceo Chavarría Mancilla, quien se adelantó a hacer el cobro de tal cantidad, mediante transferencia interbancaria de la CONAFOR a su cuenta personal. Pero al percatarse del monto, el comisariado negó toda comunicación con la empresa consultora y con los proveedores, negándoles todos los pagos que se les debían, dejando grandes deudas.
Para acabar con toda relación con la empresa, Chavarria arbitrariamente hizo el cambio de asesor técnico, señalando supuestos incumplimientos, a pesar de que CONAFOR certificó el cumplimiento de la empresa y pidió al ejido hacer correcciones. A su vez, Chavarría ocultó al ejido que existía dicho monto, inclusive informó a la comunidad que no se habían recibido recursos de los apoyos a causa de los supuestos incumplimientos. Además ha puesto en riesgo a la comunidad de recibir una demanda por incumpliendo de contrato por parte del ejido.
Se presume que José Chavarria y Enrique Meraz han sustraído casi todo el dinero de la cuenta bancaria y que han simulado la continuidad de la reforestación con plantas que recibieron por donación, de forma gratuita, de la CONAFOR para justificar el uso de esas cantidades gigantescas de dinero, que sumado a lo que Mancilla y el ex comisariado ejidal Jorge Garay desviaron de la mano de obra, suman millones de pesos que debieron haberse invertido en la recuperación de los deteriorados bosques de San Miguel Coatlinchán y en beneficio del ejido y su comunidad.
Hasta el momento fuentes fidedignas señalan que las autoridades ejidales derrochan de dinero en fiestas privadas con prostitutas y; además de que adquirieron vehículos nuevos, también han realizado remodelaciones en sus casas y negocios, mientras que la mayoría de los miembros del ejido viven en condiciones de pobreza.
Supremo
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