Ciudad de México.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, rechazó las críticas a la actuación de los jueces bajo el nuevo sistema de justicia penal, y pidió que se revisen las atribuciones al máximo tribunal del país.
En su calidad de presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Aguilar Morales fijó la posición de los jueces federales ante los cuestionamientos de los que han sido objeto por ordenar la liberación de detenidos por violaciones al debido proceso, una de las garantías establecidas en el sistema de justicia penal vigente en todo México desde junio pasado.
Frente a los representantes de los otros dos Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, el ministro aprovechó su segundo informe anual de labores para responder a las críticas que han salido desde esos ámbitos y han sido replicadas por medios de comunicación.
Apenas el jueves 7, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, quien estuvo presente en el informe del ministro presidente de la SCJN, criticó abiertamente a los jueces por resolver casos en los que han ordenado la liberación de presuntos delincuentes por violaciones al proceso penal.
“Los juzgadores estamos obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas. No es opcional… Resulta paradójico que incluso algunos de aquellos que impulsaron la reforma constitucional de 2011, ahora se inquieten por la exigencia de los jueces de que se cumpla”, dijo Aguilar Morales, también frente a otros integrantes del gabinete de seguridad del gobierno de Enrique Peña.
Impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, la reforma concebida para pasar de un sistema de justicia inquisitorio a uno adversarial, ha sido cuestionada por “hipergarantista”.
A los jueces les toca cumplir con ese deber, pero también “exigir y vigilar” que otras autoridades cumplan con los cambios en la impartición de justicia, señaló el primer presidente de la Corte al que le toca poner en práctica la reforma.
Subrayó que pese a lo que señalen la opinión pública o los medios, nadie es culpable hasta que así se demuestre bajo un debido proceso legal y hasta que exista sentencia firme inmodificable de un juez competente.
“Si los jueces somos criticados por cumplir con la Constitución, lo tomaremos como un cumplido”, dijo frente a Peña Nieto y los presidente del Senado y la Cámara de Diputados, Pablo Escudero y Javier Bolaños, respectivamente.
Ante el asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, ocurrido en octubre pasado en el Estado de México, el ministro presidente rechazó que la violencia contra los jueces o el personal del Poder Judicial Federal sea algo cotidiano o continuo.
El del juez de distrito fue un caso excepcional, aislado, aunque no por ello menos indignante y terrible, sostuvo.
Como presidente también del CJF, el organismo encargado de la vigilancia y administración de los juzgados federales, Aguilar Morales dio a conocer, sin embargo, que hasta ahora hay 79 jueces y magistrados con protección especial. Tienen vehículos blindados, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano, apoyados por las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina), Policía Federal y las policías estatales.
El ministro también pidió que se revise el marco legal de la propia SCJN, que no se ha revisado en dos décadas, desde que el gobierno de Ernesto Zedillo reformó en 1995 al Poder Judicial y dio paso a la actual conformación y facultades de la Corte, con un pleno de 11 ministros y dos salas.
De igual manera, consideró impostergable reflexionar sobre esa reforma para adaptar a la Corte a la nueva realidad del país, en la que el máximo tribunal interviene cada vez más en la definición de la vida pública.
El ministro recurrió entonces a las cifras: Si en 2009 la SCJN recibía poco más de 4 mil 460 asuntos, este año casi se cuadruplicó, al pasar a 16 mil 139 y de los cuales la Corte resolvió 12 mil.
En su calidad de presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Aguilar Morales fijó la posición de los jueces federales ante los cuestionamientos de los que han sido objeto por ordenar la liberación de detenidos por violaciones al debido proceso, una de las garantías establecidas en el sistema de justicia penal vigente en todo México desde junio pasado.
Frente a los representantes de los otros dos Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, el ministro aprovechó su segundo informe anual de labores para responder a las críticas que han salido desde esos ámbitos y han sido replicadas por medios de comunicación.
Apenas el jueves 7, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, quien estuvo presente en el informe del ministro presidente de la SCJN, criticó abiertamente a los jueces por resolver casos en los que han ordenado la liberación de presuntos delincuentes por violaciones al proceso penal.
“Los juzgadores estamos obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas. No es opcional… Resulta paradójico que incluso algunos de aquellos que impulsaron la reforma constitucional de 2011, ahora se inquieten por la exigencia de los jueces de que se cumpla”, dijo Aguilar Morales, también frente a otros integrantes del gabinete de seguridad del gobierno de Enrique Peña.
Impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, la reforma concebida para pasar de un sistema de justicia inquisitorio a uno adversarial, ha sido cuestionada por “hipergarantista”.
A los jueces les toca cumplir con ese deber, pero también “exigir y vigilar” que otras autoridades cumplan con los cambios en la impartición de justicia, señaló el primer presidente de la Corte al que le toca poner en práctica la reforma.
Subrayó que pese a lo que señalen la opinión pública o los medios, nadie es culpable hasta que así se demuestre bajo un debido proceso legal y hasta que exista sentencia firme inmodificable de un juez competente.
“Si los jueces somos criticados por cumplir con la Constitución, lo tomaremos como un cumplido”, dijo frente a Peña Nieto y los presidente del Senado y la Cámara de Diputados, Pablo Escudero y Javier Bolaños, respectivamente.
Ante el asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, ocurrido en octubre pasado en el Estado de México, el ministro presidente rechazó que la violencia contra los jueces o el personal del Poder Judicial Federal sea algo cotidiano o continuo.
El del juez de distrito fue un caso excepcional, aislado, aunque no por ello menos indignante y terrible, sostuvo.
Como presidente también del CJF, el organismo encargado de la vigilancia y administración de los juzgados federales, Aguilar Morales dio a conocer, sin embargo, que hasta ahora hay 79 jueces y magistrados con protección especial. Tienen vehículos blindados, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano, apoyados por las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina), Policía Federal y las policías estatales.
El ministro también pidió que se revise el marco legal de la propia SCJN, que no se ha revisado en dos décadas, desde que el gobierno de Ernesto Zedillo reformó en 1995 al Poder Judicial y dio paso a la actual conformación y facultades de la Corte, con un pleno de 11 ministros y dos salas.
De igual manera, consideró impostergable reflexionar sobre esa reforma para adaptar a la Corte a la nueva realidad del país, en la que el máximo tribunal interviene cada vez más en la definición de la vida pública.
El ministro recurrió entonces a las cifras: Si en 2009 la SCJN recibía poco más de 4 mil 460 asuntos, este año casi se cuadruplicó, al pasar a 16 mil 139 y de los cuales la Corte resolvió 12 mil.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario