Ciudad de México.- De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, México pasó del lugar 95 en el 2015 al 123 en el 2016, y la calificación que obtuvo fue de 30 sobre 100 puntos en una escala donde 0 es una percepción de altos niveles y 100 son bajos niveles de apreciación. En ese sentido, para el politólogo y colaborador de la fundación InSight Crime, Luis Fernando Alonso, los casos que vinculan a políticos de alto nivel con presuntas prácticas corruptas, como es el caso de Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), son un recordatorio de lo persistente y generalizado de este problema en los niveles Estatales. Deborah Bonello, de la misma firma especializada en crimen organizado, indica que en tanto muchos grupos criminales de México se fragmentan estructuralmente y se diversifican en fuentes de ingresos distintas del narcotráfico como el secuestro y la extorsión, el acceso al poder político local adquiere cada vez mayor importancia. Los gobernadores y otros altos funcionarios locales son fuentes valiosas de información para la delincuencia organizada, comprar a los políticos les da una medida de control territorial, expone. Mauricio Merino alega que “la corrupción no es una causa sino una consecuencia de los defectos del diseño institucional mexicano, y, para combatirla, no sería suficiente perseguir y sancionar individuos corruptos, sin modificar a la vez las normas, procesos y entornos institucionales en los que se origina”. En ese sentido, el Departamento de Estado de Estados Unidos reportó que durante el último año en México hubo numerosos informes de corrupción gubernamental. Esta mala práctica al nivel más básico implicó el pago de sobornos a funcionarios administrativos y a las fuerzas de seguridad por servicios rutinarios o para evitar multas. En el apartado sobre México de su informe sobre la situación mundial de los derechos humanos, la oficina estadounidense reporta que las formas de cohecho más complejas y menos visibles incluyeron pagar de más por bienes y servicios para poner el excedente en manos de funcionarios elegidos y partidos políticos, pues de acuerdo con el informe de derechos humanos 2016 del Departamento de Estado, si bien la ley establece sanciones penales por corrupción de las autoridades, el gobierno no las aplicó de forma eficaz. En ese tenor, el Departamento de Estado registra que en octubre la PGR acusó formalmente y expidió una orden de arresto contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien pasó a la clandestinidad. A mediados de año, la Auditoría Superior de la federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la fiscalía contra 14 gobiernos estatales por la malversación de miles de millones de dólares en fondos federales. La ASF también investigó a varios gobernadores estatales, incluidos los exgobernadores de Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León.
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