La situación de la tortura en México y su práctica sistemática fue expuesta por representantes de organizaciones civiles mexicanas ante la prensa internacional.
En víspera de la evaluación del Estado mexicano ante el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas, que se está llevando a cabo el 25 y 26 de abril en la Ciudad de Ginebra en el marco del 66 periodo de sesiones de esta instancia, las organizaciones civiles que participarán ofrecieron una conferencia de prensa en el Palacio de Naciones Unidas para alertar sobre los numerosos casos de tortura y violaciones a manos de las fuerzas de seguridad, “la mayor parte de las cuales han quedado impunes”.
“Hemos venido a Ginebra para decirle a los expertos del CAT que la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado son una realidad brutal en el México de hoy”, aseveró Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
La abogada expresó que es frecuente que las detenciones de personas deriven en graves violaciones a los derechos humanos que se traducen en violencia física, descargas eléctricas, violencia sexual y otras formas de tratos crueles e inhumanos.
De acuerdo con la información aportada por las organizaciones civiles, de las 8 mil 335 investigaciones por tortura radicadas en la Fiscalía Especial de Investigación en 2018 apenas se habían presentado cargos en 17 casos.
“El Ejército y la Marina han sido identificados como los peores perpetradores. Los arrestos por parte de los militares conllevan un 86 por ciento de riesgo de tortura, mientras que 41 por ciento de las mujeres encarceladas arrestadas por marinos reportan haber sido violadas”, expusieron las representantes de la sociedad civil mexicana.
La prensa internacional se mostró interesada en la aprobación en México de la Guardia Nacional y de los riesgos que conlleva para los derechos humanos el hecho de que el mando esté a cargo de un militar.
Olga Guzmán, directora de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que existe la posibilidad de que las leyes secundarias en torno a esa corporación de seguridad incrementen la incendia de tortura.
“Las autoridades deben actuar de manera rápida y decidida para atender el uso arraigado y sistemático de la tortura en México, mediante la implementación de la ley contra este delito, aprobada en junio de 2017, a partir de la construcción del Programa Nacional contra la Tortura con la sociedad civil”, dijo.
Los miembros de las fuerzas armadas, aseveró, son las instituciones con más alto índice de comisión de violaciones graves, en proporción con el resto de responsables. De las 204 recomendaciones en torno a esto emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde 2006 a 2017, 389 fueron víctimas de tortura a manos de elementos militares.
Sandra Alarcón, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, enfatizó por su parte que la tortura en el estado de Guerrero y en el resto del país se ha convertido desde hace muchos años en un fenómeno “sistemático y generalizado”, en gran medida porque hay muy pocas denuncias, y la mayoría de ellas no generan ninguna sentencia contra los perpetradores.
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