Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas al artículo 16 constitucional para acotar la figura del arraigo y reducir su temporalidad máxima de 80 a 35 días.
Avalado con 389 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales establece que la autoridad judicial podrá decretar, a petición del Ministerio Público, un arraigo de 20 días, con la posibilidad de prorrogarlo quince más.
Dicha medida procederá exclusivamente en casos vinculados con la delincuencia organizada y transitoriamente para delitos graves.
Las fracciones parlamentarias procederán a discutir en lo particular alrededor de doce reservas propuestas por legisladores del PRD y Movimiento Ciudadano.
El proyecto turnado al Senado de la República precisa que el arraigo podrá ser decretado “cuando se acredite la existencia de indicios suficientes para vincularla con esos delitos, siempre que durante la subsistencia de esta medida puedan allegarse mayores elementos probatorios en la investigación y se proteja la vida, la integridad de las personas, bienes jurídicos o se evite que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado para ello”.
La Jornada
Avalado con 389 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales establece que la autoridad judicial podrá decretar, a petición del Ministerio Público, un arraigo de 20 días, con la posibilidad de prorrogarlo quince más.
Dicha medida procederá exclusivamente en casos vinculados con la delincuencia organizada y transitoriamente para delitos graves.
Las fracciones parlamentarias procederán a discutir en lo particular alrededor de doce reservas propuestas por legisladores del PRD y Movimiento Ciudadano.
El proyecto turnado al Senado de la República precisa que el arraigo podrá ser decretado “cuando se acredite la existencia de indicios suficientes para vincularla con esos delitos, siempre que durante la subsistencia de esta medida puedan allegarse mayores elementos probatorios en la investigación y se proteja la vida, la integridad de las personas, bienes jurídicos o se evite que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado para ello”.
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