jueves, 4 de julio de 2013

Péndulo político

PODER  FINANCIERO MACROECONOMICO  CERTIFICADO POR EL ESTADO MEXICANO: El tamaño del Estado mexicano, que se ha ido reduciendo considerablemente, junto con la reducción del gasto público y el no demasiado endeudamiento, en base de control de la inflación, circulante, el control de valor del dólar, salarios de hambre $60.50, así como mecanismos democráticos que legitimen al poder público a través del sufragio. La venta de garaje  del patrimonio del estado, desde las telecomunicaciones, infraestructura instalada  por décadas ahora en manos de concesiones y nuevas formas de simulación de privatización, ya sea por la ley de asociaciones públicas y privadas.
Este   sistema económico en descomposición  a causa de los excesos de la macroeconomía  voraz, el estado mexicano  como  palanca de legitimación a estas prácticas de poder financiero. Hay un reconocimiento del gobierno de la gigantesca desigualdad social, de la polarización de la riqueza y los privilegios y la profunda miseria en el 60 por ciento de la población. ¿Qué pasaría si se expropiara a ese 1.7 de millonarios –cientos de ellos entre los más ricos del mundo- y con sus millones se abrieran miles de centros productivos y tres millones de empleos?. Me responderían que no se podría porque México sería invadido inmediatamente por marines de EEUU, Inglaterra, Israel y Colombia porque sería un mal ejemplo.
No solo se acabaría el hambre y la miseria en México, sino que tendría riquezas para exportar y emparejar su comercio mundial. Pero realmente es vergonzosa esa extremada cifra entre clase alta y clase baja. Sólo Carlos Slim posee 60 mil millones de dólares y tras él vienen Salinas Pliego, Bailleres, Larrea, Hank Rhon, Servitje, Arango, Azcárraga, González, Hernández, Harp y otros que representan parecidas cantidades y propiedades concentradas en el DF, Estado de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Veracruz, etcétera. Estos y otros mil millonarios controlan toda la economía del país, todas las riquezas que se producen y mantienen a millones de trabajadores en la pobreza extrema, además del desempleo. ¿Cómo se atreven a exigir que se aplique toda la ley a los “delincuentes y luchadores sociales” si ellos son los principales culpables de que la sociedad mexicana se encuentre en estas condiciones de desigualdad social y miseria material?
Si es que tenemos demasiados pobres  y el incremento de desigualdades sociales cada vez más marcadas que permiten  ver situaciones de que nuestros políticos  y su clase en la  arca del derroche y del presupuesto público; por más discursos  y promesas, no más no podemos terminar con el ángel  de la corrupción e impunidad, ante las actitudes de cinismo  del poder mismo, dónde nuestros  habitantes  no  se les ha asegurado una calidad de vida y desarrollo de país, aunado a los problemas medulares de  descomposición  desde la educación, salud, empleo, seguridad  y su vejes  ante la  falta de un sistema laboral explotados y de la informalidad  como medio de control a las demandas sociales  de una población . 
En la década de los 70s, se consideraban como válvulas de escape la informalidad, la migración, hoy agotada. Lo peor es que cada año nos informan que la pobreza, la miseria y el desempleo de la mayoría de la población crecen mientras las ganancias de los grandes comercios, bancos y demás negocios ganan millones y millones de pesos. Pareciera una burla o una mentada de madre para los trabajadores. Pero para eso está la televisión, las telenovelas, el fútbol y la iglesia: para mantener en la enajenación a la población pensando en que las cosas están hechas de esa manera y no hay posibilidad de cambiarlas.  Principio de desconfianza de las acciones públicas  ante el  mismo ángel de la corrupción, si es bien cierto que la federación está obligada por ley a otorgarles recursos fiscales para gastarlos en sus entidades, pero carece de medios de control y de rendición de cuentas, para exigir  responsabilidad  y transparencia: aunado en la situación del apartado de nuestra carta magna, de la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos y formas de  impunidad  a causa de un delito, ya sea por peculado, enriquecimiento público, desvió de recursos, etc., pero poco eficaces para su aplicación.
Los municipios en su mayoría cautivos en la precariedad política y económica, las legislaturas son controladas por los gobernadores o tienen exiguos recursos para controlarlos, los tribunales de justicia son una pálida imagen de lo que debería ser su verdadera función de justicia social. El panorama de violencia y crimen y corrupción que campea muchas entidades es indisoluble  de esta falla de la gobernabilidad democrática. Nuestra nación mexicana ante las endebles acciones de acciones de poder sin dar fondo a la verdadera visión de Estado que permita un desarrollo sustentable con igualdad social que permita esta justicia postergada a nuestros habitantes , un estado  que sea democrático, representativo, y eficiente a la vez.

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