miércoles, 18 de junio de 2014

Detienen en flagrancia a seis policías por secuestro exprés en el DF

México, DF.- En los separos de la Fiscalía Antisecuestros (FAS) de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se encuentran ocho personas, entre las cuales hay seis policías, un defensor de oficio y un civil, acusados de secuestro exprés para ejecutar extorsión agravada debido a que fueron detenidos en flagrancia cuando intentaban privar de su libertad a un empresario asiático.
De los ocho detenidos, cuatro estaban activos en las referidas corporaciones y dos eran policías federales que causaron baja de la referida corporación, informó el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza.
Policías de investigación los detuvieron ayer en un restaurante de la colonia Juárez, ubicado en la delegación Cuauhtémoc, cuando los presuntos responsables, en un supuesto cumplimiento de una orden de aprehensión, intentaron llevarse al empresario y su chofer.
En ese momento sólo cinco fueron detenidos y tres intentaron escapar con una víctima; sin embargo, luego de una persecución se logró la detención, con el apoyo de la policía municipal en Texcoco, estado de México.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la FAS, por lo que se detectó que Gerardo González Quirino y Roberto Bremauntz Huerta son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF), mientras que Víctor José Medina Fragoso es policía de investigación adscrito a la fiscalía de Iztapalapa y Ricardo Muciño Mendiola, defensor de oficio de la consejería jurídica. Todos ellos son activos pero se encontraban en su día de descanso.
Mientras que Enrique Alejandro Sarabia, Osvaldo Espinosa y Luis Arturo Ramírez Padilla fueron identificados como ex policías federales y según las primeras investigaciones, el primero de ellos es el líder de la banda.
Rodolfo Ríos Garza informó que se integró el expediente y debido a los delitos que se les imputan, además de actuar en grupo, con violencia y por ostentar o pertenecer a instituciones de seguridad pública, los presuntos responsables podrían alcanzar una pena de entre 50 a 90 años de prisión.

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