jueves, 30 de abril de 2015

Activistas llevarán 100 zapatos rojos a Osorio Chong por negligencia ante feminicidios

Ciudad de México.- Organizaciones sociales y familiares de víctimas de feminicidio denunciaron un “estado de emergencia” ante el incremento de violencia contra mujeres, por ello responsabilizaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de obstaculizar las declaratorias de alerta de género en entidades como Estado de México, Morelos y Guanajuato.
En rueda de prensa para anunciar una estrategia conjunta de 13 ONG y redes de defensa de derechos humanos, campaña a la que se sumó el padre Alejandro Solalinde, los activistas exigieron una reunión con Osorio Chong para “que expliqué por qué no se emiten las alertas de género y qué está haciendo para proteger y garantizar los derechos de las mujeres”.
En presencia de madres de mujeres que han sido asesinadas en distintas entidades, los defensores señalaron que darán 100 zapatos rojos femeninos a la Segob, como parte de sus actividades de protesta.
También informaron que entre 2012 y 2013, al menos 3 mil 892 mujeres han sido asesinadas, de los que sólo 613 casos fueron investigados como feminicidios.
Los activistas calificaron la respuesta del Estado mexicano a este problema como “insuficiente, omisa y negligente”, incluso para prevenirla, ya que de las 104 mil 470 denuncias por violencia familiar, sólo se emitieron 29 mil 776 órdenes de protección para las víctimas.
Luego de apuntar que en sólo cuatro entidades federativas, el Distrito Federal, Campeche, Chiapas y Veracruz, se concentra cerca de 90% de las órdenes de protección, María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), recordó que el presidente del Sistema para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es el secretario Osorio Chong, “y si no funciona, se debe a quien está al frente de esa coordinación, hay que decirlo para no diluir responsabilidades”.
Al señalar que Osorio Chong ha frenado las declaratorias de alerta de género en Guanajuato, Morelos y Estado de México, apuntó que en la última entidad “la actitud es una constante violación de los amparos ganados por la sociedad civil, y eso no ocurre sin el consentimiento del secretario”.
Estrada recordó que desde que la entidad era gobernada por Enrique Peña Nieto, el OCNF detectó un preocupante incremento de los feminicidios, y de ahí la solicitud de alerta de violencia de género, asunto que se litiga desde 2010.
La violencia contra las mujeres ha provocado que organizaciones civiles hayan solicitado alertas también en Oaxaca, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Guanajuato y Baja California.
“Estamos ante una emergencia nacional por los feminicidios y lo que se hace es ocultar la información y simular que se está haciendo algo, cuando se están asesinado a mujeres y sometiendo a las familias a un viacrucis en busca de justicia”, apuntó la defensora.
De acuerdo con los datos de las ONG, en el Estado de México de 2005 a 2010 se contabilizaron 900 asesinatos de mujeres, en tanto que de 2011 al 2013 fueron 840, y de éstos sólo 145 fueron considerados feminicidios, mientras que en 2014 se reportó desaparecidas a 400 menores de 12 años.
En Guanajuato ocurrieron 73 feminicidios sólo en 2013, y un año después se sumaron 90 más; en tanto que en Morelos, de 2000 a 2013 hubo 530 homicidios y sólo en 2014 se sumaron 103 más.
En un mensaje videograbado Solalinde, director del albergue Hermanos en le Camino de Ixtepec, Oaxaca, llamó a frenar el “desastre humanitario”, “la ola de feminicidios y malos tratos” y promover las alertas de género.
En su representación, Manuel Arellano explicó que de acuerdo con estimaciones de defensores de migrantes, “cada año desaparecen en promedio mil migrantes, y de éstos el 30% son mujeres, además de que se han detectado casos de niñas de entre 12 y 14 años secuestradas, quienes no estaban acompañadas de adultos”.
Rodolfo Domínguez, de Justicia, Derechos Humanos y Género, informó que como parte de las acciones para mantener vivas las demandas, las ONG vigilarán el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso del homicidio de Mariana Lima Buendía, ocurrido en 2010 en el Estado de México.
El activista recordó que el fallo ordena a la PGJEM la reapertura del caso y que se emitan lineamientos para la realización de las investigaciones.
Al recordar que el homicida de Mariana, Julio César Hernández Ballinas, es un agente ministerial que fue protegido por sus superiores y luego ascendido a comandante en Chimalhuacán, el activista resaltó que parte de la sentencia de la SCJN ordena castigar penal y administrativamente a al menos 20 agentes del MP, cuatro subprocuradores y dos exprocuradores.
“Hasta ahora no nos hemos reunido con el procurador (Alejandro Gómez Sánchez), que es el encargado de cumplir la sentencia, pero estaremos muy vigilantes de que se cumpla porque no estamos dispuestos a aceptar más simulaciones”, señaló Domínguez, representante de Irinea Buendía, madre de Mariana.
Fernando Ríos, coordinador de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, consideró que “hay una negación de la realidad por parte del Estado mexicano, y lo que vemos es que los gobernantes de todos los partidos tienen la misma actitud de omisión y negligencia hacia los feminicidios”.
En la campaña también participan la Alianza por los Derechos de las Mujeres en el Estado de México, Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro Fray Francisco de Vitoria, Feminicidios Nunca más, así como Académicas en Acción Crítica Permanente y las redes de Organizaciones Feministas del Estado de México y de los Derechos de la Infancia en México.

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