miércoles, 6 de julio de 2016

Aprueba el Senado que ley 3 de 3 no se aplique a los empresarios

Ciudad de México.- En medio de fuertes reclamos, sobre todo del PRD, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular las observaciones del Ejecutivo Federal a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como la “Ley 3de3”, con lo cual eliminaron la obligación para las personas físicas y morales de presentar su declaración patrimonial, de intereses y de impuestos cuando reciban o ejerzan recursos públicos.
Con 80 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, del PRD y PT, los senadores avalaron cambios específicos a diez artículos de dicha ley, con lo que dejaron a salvo de presentar sus tres declaraciones a todas las personas que son beneficiarias de recursos públicos, incluso a quienes reciben beneficios de programas sociales, becarios o bien personas físicas que prestan servicios a empresas con cualquier tipo de contrato público.
La reforma modificada fue enviada a la Cámara de Diputados, que sesionará este miércoles para discutirla y, en su caso, aprobarla para luego enviarla al Ejecutivo a fin de promulgarla.
El presidente de la Comisión de Anticorrupción del Senado, Pablo Escudero Morales, aclaró que con las modificaciones que propuso el Ejecutivo no se exime, por ningún motivo, a la iniciativa privada y a los contratistas, que deseen prestar un servicio al gobierno, de la responsabilidad de presentar una declaración, que diga que están al corriente de obligaciones tributarias.
Destacó que el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos establece que todos los empresarios que quieran licitar o contratar un servicio, deberán entregar, evento por evento, una carta de que no tienen conflicto de intereses.
Detalló que se incluyó dentro de las obligaciones para la iniciativa privada, un capítulo específico de la integridad de las personas morales.
Se incluyeron —dijo— tipos administrativos específicos como soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, colusión, uso indebido de recursos, contratación indebida de servidores públicos.
Respecto a las personas morales también se establecieron sanciones económicas, inhabilitación, suspensión de actividades, e incluso disolución de la sociedad.
Casi cinco horas duró la sesión del periodo extraordinario donde la oposición recriminó al presidente Enrique Peña Nieto haber cedido a la presión del empresariado para evitar que contratistas del gobierno queden obligados a presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos cuando reciban recursos públicos como si fueran servidores públicos.
“¿No que no?, no que no se negociaban las reformas decía el presidente Enrique Peña?, ya vimos que cuando se tiene derecho de picaporte como el empresariado entonces sí se negocian y se cambia..”, fustigó la vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Alejandro Encinas, reprochó el veto porque consideró que en México urge contar con una legislación que regule la participación de las empresas, asuntos públicos y particulares dentro y fuera del país.
“Uno de los grandes méritos de este veto es que el Ejecutivo Federal demuestra que se pueden revisar las leyes y que se pueden reformar las reformas. Es el momento de la reforma educativa y demostrar sensibilidad política que cuando una reforma no funciona no puede implementarse como la reforma educativa, debe de cambiarse”, aseveró.
Para el PRI, los cambios propuestos por el Ejecutivo eran imprescindibles pues la ley violentaba los derechos humanos de los particulares.
“La obligación dirigida a particulares para que presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses constituye una medida que resulta innecesaria para abatir prácticas de corrupción”, estableció la senadora del PRI, Lizbeth Hernández Lecona.
El senador independiente, Manuel Cárdenas, quien propuso los cambios que dieron lugar al veto presidencial, rechazó las observaciones que planteó el presidente Enrique Peña y consideró contradictorios los argumentos del Ejecutivo.
“Entiendo que haya quien se enoje porque dos artículos no quedaron como querían, por eso para invalidar todo lo que es el sistema anticorrupción, no lo considero ético y sí muy irresponsable”, acusó.

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