lunes, 10 de abril de 2017

La otra fosa clandestina de Veracruz: 10 mil restos humanos en un rancho y sólo 4 identificados

Veracruz.- La policía estatal del gobierno de Javier Duarte entregaba en un rancho a personas para ser “desaparecidas”. La PGR iniciará una nueva investigación.
El proceso era simple, metódico y macabro. La persona era casi siempre entregada por la policía, después ejecutada de un balazo en la cabeza. Luego, las extremidades de su cuerpo eran separadas con un hacha para sumergirlas en un tambo con diésel ardiendo. Los fragmentos que quedaban, eran introducidos en una trituradora de caña.
El lecho de un río de 67 metros cuadrados, ubicado al lado del rancho donde todo lo anterior ocurría, era el depósito final de estas víctimas reducidas a pedazos de dos centímetros y cenizas.
¿Cuántas personas murieron y desaparecieron ahí? Es algo que no se sabe pues los propios implicados declaran haber perdido la cuenta, pero los hallazgos dan una idea: los especialistas y buzos de la División Científica de la Policía Federal encontraron 10 mil fragmentos de huesos durante poco más de un mes de trabajo.
El “cementerio clandestino” en que se convirtió el rancho El Limón –ubicado el municipio de Tlalixcoyan, en Veracruz (a 125 km al sureste de Xalapa)– no es un hallazgo ocurrido ayer o la semana pasada. A este sitio se llegó hace más de un año como parte de las investigaciones por la desaparición de cinco jóvenes del municipio de Tierra Blanca ocurrido en enero de 2016.
“Esto parece que se olvidó pero lo encontrado en el rancho es casi idéntico en magnitud a las fosas de Colinas de Santa Fe. Aquí murieron cientos de personas que nadie sabe quiénes son”, dijo el Celestino Espinoza, representante legal de las víctimas de las familias de los desaparecidos en Tierra Blanca
Las declaraciones sobre lo que ocurría  en el rancho El Limón y los datos de los hallazgos están asentados la averiguación previa FGE/FIM/IM/01E/2016 abierta por en la Fiscalía de Veracruz, y a la que tiene acceso el abogado de las víctimas. La información fue corroborada por las autoridades del caso a Animal Político.
En el predio de Colinas de Santa Fe –definido por la Fiscalía como una de las fosas más grandes del país– fueron encontrados unos 14 mil fragmentos humanos, con la diferencia de que ahí existían cráneos que permiten tener una idea del número de personas asesinadas. En el rancho El Limón, de los 10 mil restos hallados los más grande son pedazos de fémur de tres centímetros. En ese sitio los criminales fueron aún más metódicos.
Hasta ahora, sólo cuatro personas han sido identificadas entre todos los restos humanos encontrados.
La semana pasada el procurador General de la República, Raúl Cervantes, se comprometió en una reunión privada con las familias de los jóvenes desaparecidos Tierra Blanca a que el Ministerio Público Federal abrirá su propia carpeta de investigación por este caso ante la clara evidencia de la implicación el crimen organizado.
En su momento, la propia PGR desechó atraer el caso bajo el argumento de que la Fiscalía de Veracruz estaba a cargo de las investigaciones.

Muchas piezas, pocos resultados
El trabajo en el rancho El Limón se extendió por aproximadamente un mes y estuvo encabezado por los policías, buzos y especialistas de la División Científica de la Policía Federal. La atención se centró en el perímetro del rancho donde se ubica el lecho del Río Otapa, sitio donde se arrojaron los restos de las personas asesinadas.
Para la operación de búsqueda y rescate de los fragmentos el área se dividió en 48 cuadrantes de trabajo, cada uno de ellos de 4.5 por 2.5 metros de diámetro aproximado. El 11 de febrero de 2016 comenzaron los trabajos.
Prácticamente no hubo un solo día en el que no se encontraran restos enterrados, pero la jornada más relevante fue la del 1 de marzo, cuando en el cuadrante 25 se encontraron mil 989 fragmentos, según lo registrado en el expediente del caso.
El saldo total de las operaciones de búsqueda y rescate fue de 10 mil fragmentos rescatados, en su mayoría pedazos de hueso de 2 a 3 centímetros de tamaño. Muchos de estos restos se encontraron totalmente carbonizados.
A más de un año de distancia sólo cuatro personas han sido identificadas gracias a los restos localizados. Entre ellos están dos de los cinco jóvenes desaparecidos del caso Tierra Blanca, Bernardo Benítez Arroniz y José Alfredo González Díaz.
La comparación genética de los restos encontrados también permitió la identificación de José Miguel Elvira Lozano y Ángela Mata Medina, personas secuestradas en distintos momentos y asesinadas en el referido rancho. Y es todo.
El abogado Celestino Espinoza, quien también fue agente del Ministerio Público, reconoció que en Veracruz no existe un banco de datos genéticos y que desconocen realmente cuantos perfiles genéticos pudieron haberse obtenido de los diez mil fragmentos encontrados.
“Hay muchas dudas del trabajo realizado y con lo que ya reveló la propia Fiscalía de que hubo simulación de tomas de muestra genéticas en la administración anterior realmente dudamos que se haya hecho un trabajo serio de identificación” dijo el litigante.
En este contexto la semana pasada las familias de los jóvenes detenidos tuvieron una reunión con el procurador Raúl Cervantes en donde expusieron la falta de avances en la investigación a nivel estatal y el hecho de que la propia PGR se rehusó a asumir la competencia en el caso por el delito de delincuencia organizada.
“El propio procurador Cervantes nos dijo que los homicidios en el Rancho El Limón no podía haber ocurrido sin una operación de la delincuencia organizada por lo que hizo el compromiso con nosotros de que se abrirá una carpeta de investigación y que la federación entrará en la investigación del caso” dijo Celestino Espinoza.
Por lo que respecta a los presuntos involucrados vinculados con el caos Tierra Blanca y el Rancho El Limón, hasta ahora suman 19 detenidos y procesados (11 civiles presuntos integrantes del crimen organizado y ocho expolicías) quienes hasta ahora no han sido sentenciados e incluso han presentado amparos en contra de los autos de formal prisión que se les dictaron, bajo el argumento de que fueron torturados.
Aliados con el enemigo
El 11 de enero cinco jóvenes que regresaban de unas vacaciones fueron detenidos por vehículos de la policía estatal sobre la carretera a la altura del municipio de Tierra Blanca. Esa fue la última ocasión que se les vio con vida.
El caso, difundido en redes sociales, cobró notoriedad de inmediato e impulsó una investigación a la que se unió rápidamente el gobierno federal y comenzaron las detenciones. Primero fueron capturados ocho policías estatales entre ellos el comandante Marcos Conde Hernández, quien ya había sido señalado en otros casos de desapariciones.
El abogado Celestino Espinoza, quien ha tenido acceso al expediente del caso, explicó que los policías confesaron su complicidad en los hechos y uno de ellos, de nombre Rubén Pérez Andrade, fue el que describió paso a paso que en el caso de los jóvenes de Tierra Blanca, como pasaba en otros hechos, las víctimas fueron entregadas en el rancho El Limón. Estas declaraciones están asentadas en el expediente consignado contra los detenidos.
La información proporcionada por los policías facilitó la identificación y detención de los presuntos delincuentes que operaban en el rancho, Hasta ahora son once los civiles capturados y consignados, todos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Ellos declararon paso a paso cómo es que consiguieron desaparecer a todas estas personas. Lo de los tambos con diésel y la trituradora de caña. Ellos en sus declaraciones explican que, por lo menos desde hace un año atrás, se llevaban a personas ahí que eran asesinadas y desaparecidas”, explicó el litigante.
Las investigaciones evidenciaron que de los ocho policías detenidos siete estaban en funciones pese a que habían reprobado los exámenes de control de confianza, entre ellos el propio comandante Marcos Conde Hernández.
El abogado explicó que Conde Hernández, antes de pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue integrante de la desaparecida “policía intermunicipal” de donde fue dado de baja. En el periodo en que estuvo sin trabajo fue incluso detenido por presuntamente realizar trabajos como “halcón” del crimen organizado y portar un arma de alto poder sin tener permiso para ello.
“Pese a estos antecedentes Bermúdez contrató a Conde como mando de la policía estatal. Es imposible que no supera de las denuncias en su contra y aun así lo contrató y mantuvo pese a que ni él ni los demás superaron los controles de confianza” dijo el abogado.
La presunta responsabilidad de Bermúdez no termina ahí. Antes de verse involucrado en el caso de Tierra Blanca, Conde fue denunciado por sus implicaciones en desapariciones previas que involucraban a sus agentes, tanto en el municipio de Medellín como en el de La Antigua.
Pese a ello el comandante no fue destituido. Lo que hizo Bermúdez fue moverlo de las adscripciones territoriales donde era denunciado hasta que llegó a Tierra Blanca.
El 13 de octubre de 2016 los representantes legales de las víctimas del caso Tierra Blanca presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República en contra de Arturo Bermúdez por no haber removido del cargo al comandante Conde y los otros policías involucrados en las desapariciones, pese a que no contaban con la certificación de confianza que exige la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Animal Político publicó esta semana que tanto a nivel federal como en el estatal se preparan consignaciones en contra de Bermúdez por su presunto vínculo con diversos casos de desaparición en Veracruz.

Animal Politico

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