Ciudad de México.- Los 22 estados que han sido gobernados por 28 priistas a la par de este sexenio acumulan al menos 140 mil 338 millones 600 mil pesos sin solventar de 2012 a enero de 2018, lo que representa el 76.64 por ciento del dinero público arrastrado por todas las entidades en ese periodo, de acuerdo con la Cuenta Pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre gobiernos estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), municipales y universidades públicas no han resuelto 120 mil 469 millones 900 mil pesos de gasto programable durante el periodo referido, y directamente los gobiernos estatales del tricolor no han solventado 19 mil 868 millones 700 mil pesos de participaciones.
Los más de 140 mil millones de pesos sin solventar en seis años equivalen a 31 por ciento más del presupuesto para 2018 destinado a la Secretaría de Desarrollo Social (106 mil mdp) o 15 por ciento más del presupuesto para la Secretaría de Salud (121 mil mdp).
Los cinco mandatarios priistas que más acumulan montos sin resolver de gasto programable, junto con los municipales y las universidades públicas, son Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, quien estuvo de diciembre de 2010 a octubre de 2016 (36 mil 266 millones); Jesús Reyna García y Fausto Vallejo Figueroa de Michoacán, que estuvieron de abril de 2013 a junio de 2014 (21 mil 13 millones); Eruviel Ávila Villegas del Estado de México, quien estuvo de septiembre 2011 a diciembre 2017 (12 mil 234 millones); Aristóteles Sandoval Díaz de Jalisco, quien está desde marzo de 2013 (10 mil 787 millones de pesos); y Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León, quien estuvo de octubre de 2009 a octubre de 2015 (5 mil 193 millones), revela el órgano fiscalizador.
Respecto a los tres gobernadores que más acumulan dinero sin solventar proveniente de participaciones son el veracruzano Javier Duarte (7 mil 958 millones), el neolonés Rodrigo Medina (5 mil 823 millones) y el tamaulipeco Egidio Torres (mil 594 millones).
SIN CASTIGO Y PROTEGIDOS
La Auditoría Superior ha presentado denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) a estos 22 estados por 32 mil 32 millones de pesos tras fiscalización del uso de los recursos federales y denuncias penales por 6 mil 186 millones de pesos por simulación de reintegro del dinero público a enero de 2018.
Sin embargo, de los 30 priistas gobernadores implicados en estas irregularidades, solo el ex mandatario de Veracruz Javier Duarte está preso señalado de desvío de recursos públicos. Además, dos de ellos tienen cargos en el partido.
En el caso de Rubén Moreira, luego de dejar Coahuila con una de las deudas públicas más elevadas (5.7 por ciento del PIB), en febrero fue nombrado como responsable de la Secretaría de Organización del PRI. El mexiquense Eruviel Ávila, cuya entidad es una de las que más acumulan monto pendiente de solventar, forma parte del equipo de campaña del candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña.
Otro priista, Rodrigo Medina, estuvo menos de un día encarcelado en el penal de Topo Chico, Nuevo León, a finales de enero del año pasado. Pero este jueves un juez decidió no vincularlo a proceso por el delito de uso indebido de funciones públicas tras el contrato con la automotriz Kia Motors ante la falta de pruebas suficientes. El ex mandatario también enfrenta los procesos por desvío de recursos públicos y contra el patrimonio del estado norteño.
Desde enero, la PGR anunció que estaba casi terminado el procedimiento para solicitar la extradición de César Duarte de Estados Unidos a México, acumula once causas penales, tanto de la Fiscalía General de Chihuahua como del orden federal. Pero, pese a que se le siguen asegurando ranchos, sigue sin proceder.
Otro a quien se le incautó fue a el ex Gobernador de Nayarit Roberto Sandoval. Hoy, la Fiscalía General de Nayarit (FGE) le aseguró cinco propiedades en el marco de su investigación por presunto enriquecimiento ilícito y en días pasados se aprobó someterlo a juicio político, acusado por el presunto desvío de 2 mil 700 millones de pesos, uso indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.
Sin Embargo
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