lunes, 13 de agosto de 2018

Pemex exige a Veracruz el pago de $135 millones

Xalapa, Ver.- Autoridades estatales deberán comparecer ante un juez federal de la Ciudad de México, debido a que el exgobernador Javier “N” no entregó a comunidades 8 millones de litros de combustibles y 3 mil toneladas de asfalto que Petróleos Mexicanos le entregó en apoyo a éstas, cuyo valor asciende a 135 millones de pesos, cantidad que la empresa productiva de gobierno demanda le paguen inmediatamente.
Según la empresa, el gobierno no comprobó con documentos la aplicación de los donativos cedidos mediante dos contratos de donación, mismos que hoy revisa la Auditoría Superior de la Federación
Durante el gobierno de Javier Duarte, en 2015 específicamente, se firmaron dos contratos de donación con Pemex, uno por 94 millones y otro por 41 millones de pesos para 5 millones de litros de gasolina magna, 3 millones de litros de diésel, 3 mil toneladas de asfalto y 150 mil litros de turbosina al estado. Cabe mencionar que la empresa mexicana realiza este tipo de donaciones a gobiernos municipales o estatales, para ayudar a la operación de sus flotas vehiculares y áreas y para mantenimiento de calles y carreteras.
Pemex cedió 5 millones de litros de gasolina Magna, 3 millones de litros de diésel y 150 mil litros de turbosina. Foto: Web.
El monto de donación fue mayor a lo habitual, sin embargo el gobierno no justificó en qué se aplicó el material, por lo cual Petróleos Mexicanos declaró, de manera unilateral, la cancelación de ambos contratos el pasado 23 de enero e inició una jurisdicción voluntaria ante un juez federal de la Ciudad de México, el pasado 16 de abril, para que se notifique a Veracruz la exigencia de pago inmediato de 135 millones de pesos, por el material donado.
Uno de los objetivos del reclamo judicial, que es una declaración judicial sin que exista pleito alguno entre las partes, es decir, en estos procesos no existe un demandado como tal, es que se cite al gobierno estatal a comparecer en el procedimiento, para que defienda sus intereses ante la empresa.
Los dos contratos son materia de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación, por ello se
optó por acudir a los tribunales por medio de interpelaciones o jurisdicciones voluntarias, que luego se convierten en demandas formales.

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