Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Consulta Popular y ordenó turnarla al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior entrada en vigor.
Durante la discusión en lo particular, el pleno camaral desechó 14 reservas propuestas por diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y PT, mientras el legislador guerrerense Silvano Blanco retiró finalmente sus propuestas de modificaciones al dictamen.
El proyecto de decreto otorga a la Suprema Corte de Justicia la facultad de definir la constitucionalidad de cada consulta propuesta por el Presidente de la República, el Senado, la Cámara de Diputados o un número de ciudadanos equivalente a dos por ciento del listado nominal de electores.
Concede igualmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la atribución exclusiva de promover la participación de las consultas en los medios electrónicos de comunicación.
“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular”, establece el nuevo ordenamiento.
Establece, además, que no podrán ser objeto de consulta popular las restricciones a los derechos humanos, los principios de República representativa, democrática, laica y federal, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, ni la organización y disciplina de las fuerzas armadas.
En conferencia de prensa, el coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles, expresó su respeto a los legisladores de su bancada que votaron contra la Ley de Consulta Popular, pero celebró el avance del nuevo ordenamiento, pues dijo, no es perfecto, pero es mejor que nada.
Durante la discusión en lo particular, el pleno camaral desechó 14 reservas propuestas por diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y PT, mientras el legislador guerrerense Silvano Blanco retiró finalmente sus propuestas de modificaciones al dictamen.
El proyecto de decreto otorga a la Suprema Corte de Justicia la facultad de definir la constitucionalidad de cada consulta propuesta por el Presidente de la República, el Senado, la Cámara de Diputados o un número de ciudadanos equivalente a dos por ciento del listado nominal de electores.
Concede igualmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la atribución exclusiva de promover la participación de las consultas en los medios electrónicos de comunicación.
“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular”, establece el nuevo ordenamiento.
Establece, además, que no podrán ser objeto de consulta popular las restricciones a los derechos humanos, los principios de República representativa, democrática, laica y federal, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, ni la organización y disciplina de las fuerzas armadas.
En conferencia de prensa, el coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles, expresó su respeto a los legisladores de su bancada que votaron contra la Ley de Consulta Popular, pero celebró el avance del nuevo ordenamiento, pues dijo, no es perfecto, pero es mejor que nada.
El Universal
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