Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, consideró que se requiere una reforma a la ley de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que sí haya un costo a la autoridad que no acepte las recomendaciones que emite aquel organismo.
En entrevista, sostuvo que si bien han sido acatadas de forma casi todas las recomendaciones, la que se refiere al peligro de las construcciones irregulares no ha sido aceptada por las delegaciones Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero y Tlalpan.
Gómez Gallardo destacó la importancia de dicha recomendación al señalar que es la primera, en los 21 años de existencia de la comisión, que se hace por construcciones irregulares, y se documentó que afectan a los habitantes de la Ciudad de México.
Sin embargo, reconoció que si dan vista a la ALDF, “no hay una ruta clara de qué tiene que hacer la autoridad frente a la Asamblea, lo que nos afecta porque finalmente una no aceptación es una violación que se hace prolongar en materia de derechos humanos”.
Por ello, urgió a la ALDF a que reforme la ley en la materia para definir cuáles son las consecuencias que debe tener una autoridad cuando no se acepta una recomendación. “Ahí hace falta un reforzamiento de la normatividad”.
Gómez Gallardo también indicó que este viernes vence el plazo para que las secretarías de Seguridad y de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia acepten la recomendación sobre varios casos de tortura, y que confía en que se cumpla cada punto recomendatorio.
Además, informó que en breve entregarán al jefe de Gobierno capitalino una propuesta general contra la tortura, para “articular de manera institucional, por primera vez en el país, el ataque y erradicación” de esa práctica, y que a las víctimas se les repare el daño como corresponde.
En entrevista, sostuvo que si bien han sido acatadas de forma casi todas las recomendaciones, la que se refiere al peligro de las construcciones irregulares no ha sido aceptada por las delegaciones Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero y Tlalpan.
Gómez Gallardo destacó la importancia de dicha recomendación al señalar que es la primera, en los 21 años de existencia de la comisión, que se hace por construcciones irregulares, y se documentó que afectan a los habitantes de la Ciudad de México.
Sin embargo, reconoció que si dan vista a la ALDF, “no hay una ruta clara de qué tiene que hacer la autoridad frente a la Asamblea, lo que nos afecta porque finalmente una no aceptación es una violación que se hace prolongar en materia de derechos humanos”.
Por ello, urgió a la ALDF a que reforme la ley en la materia para definir cuáles son las consecuencias que debe tener una autoridad cuando no se acepta una recomendación. “Ahí hace falta un reforzamiento de la normatividad”.
Gómez Gallardo también indicó que este viernes vence el plazo para que las secretarías de Seguridad y de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia acepten la recomendación sobre varios casos de tortura, y que confía en que se cumpla cada punto recomendatorio.
Además, informó que en breve entregarán al jefe de Gobierno capitalino una propuesta general contra la tortura, para “articular de manera institucional, por primera vez en el país, el ataque y erradicación” de esa práctica, y que a las víctimas se les repare el daño como corresponde.
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