Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) tendrá en sus manos el caso de un presunto fraude en un contrato que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entregó a la compañía Casanova Rent.
Y es que pese a que el convenio es por más de 3 mil 600 millones de pesos para renta de vehículos “a la empresa Casanova se le adjudicó de forma directa esa suma sin que hubiera un testigo social".
La denuncia la presentarán ante la PGR senadores del Partido Acción Nacional (PAN) quienes destacan que dentro del proceso de adjudicación no se hizo público el desarrollo económico de los precios y solamente se publicaron los de los ganadores.
De acuerdo con Reforma, los legisladores se basan en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que determina que participarán testigos sociales en las licitaciones públicas cuyo monto rebase el equivalente a 5 millones de días de salario mínimo (350 mdp) y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La empresa eléctrica estableció ilegalmente un periodo de aclaraciones que no se encontraba en el procedimiento señalado en el contrato marco en la Ley de Adquisiciones ni en su reglamento, señalan los blanquiazules.
"La CFE solicitó requisitos adicionales: la sustitución de vehículos a los dos años de antigüedad, cinco talleres por entidad federativa y monitoreo web dedicado, son servicios que no están indicados en el contrato marco”, dice la demanda.
"Además, solicitó 17 anexos adicionales, que no aplican en el contrato marco, ya que sólo tiene un Anexo Único. Lo anterior no tiene sustento jurídico", sostienen los panistas.
En la nota, firmada por Benito Jiménez, se señala que para los senadores esta contratación se puede configurar el delito de uso indebido de atribuciones y facultades cometido por el director de la CFE, Enrique Ochoa Reza, y César Morales Ríos, funcionario responsable de la adjudicación como gerente de Abastecimientos.
Marcela Torres Peimbert, senadora del PAN, comentó que “entre 2013 y 2014, esa compañía suma (por adjudicación directa) más de 5 mil millones de pesos, lo cual suena sospechoso".
Los autos arrendados incluyen tipo sedán, van, SUV, crossover y pick-up y camiones de hasta 15 toneladas, según el contrato marco.
Además, ambulancias, motocicletas, automóviles híbridos y eléctricos, autobuses, furgonetas y cuatrimotos.
El tema no es nuevo, pues de acuerdo con Reforma, en marzo, el senador David Monreal presentó un punto de acuerdo para pedir a la Función Pública que investigara las razones por las cuales varias dependencias federales adjudican de forma directa contratos a Casanova Rent.
Y es que pese a que el convenio es por más de 3 mil 600 millones de pesos para renta de vehículos “a la empresa Casanova se le adjudicó de forma directa esa suma sin que hubiera un testigo social".
La denuncia la presentarán ante la PGR senadores del Partido Acción Nacional (PAN) quienes destacan que dentro del proceso de adjudicación no se hizo público el desarrollo económico de los precios y solamente se publicaron los de los ganadores.
De acuerdo con Reforma, los legisladores se basan en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que determina que participarán testigos sociales en las licitaciones públicas cuyo monto rebase el equivalente a 5 millones de días de salario mínimo (350 mdp) y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La empresa eléctrica estableció ilegalmente un periodo de aclaraciones que no se encontraba en el procedimiento señalado en el contrato marco en la Ley de Adquisiciones ni en su reglamento, señalan los blanquiazules.
"La CFE solicitó requisitos adicionales: la sustitución de vehículos a los dos años de antigüedad, cinco talleres por entidad federativa y monitoreo web dedicado, son servicios que no están indicados en el contrato marco”, dice la demanda.
"Además, solicitó 17 anexos adicionales, que no aplican en el contrato marco, ya que sólo tiene un Anexo Único. Lo anterior no tiene sustento jurídico", sostienen los panistas.
En la nota, firmada por Benito Jiménez, se señala que para los senadores esta contratación se puede configurar el delito de uso indebido de atribuciones y facultades cometido por el director de la CFE, Enrique Ochoa Reza, y César Morales Ríos, funcionario responsable de la adjudicación como gerente de Abastecimientos.
Marcela Torres Peimbert, senadora del PAN, comentó que “entre 2013 y 2014, esa compañía suma (por adjudicación directa) más de 5 mil millones de pesos, lo cual suena sospechoso".
Los autos arrendados incluyen tipo sedán, van, SUV, crossover y pick-up y camiones de hasta 15 toneladas, según el contrato marco.
Además, ambulancias, motocicletas, automóviles híbridos y eléctricos, autobuses, furgonetas y cuatrimotos.
El tema no es nuevo, pues de acuerdo con Reforma, en marzo, el senador David Monreal presentó un punto de acuerdo para pedir a la Función Pública que investigara las razones por las cuales varias dependencias federales adjudican de forma directa contratos a Casanova Rent.
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