Ciudad de México.- Finalmente se turnó a la Comisión de Hacienda la iniciativa para expedir la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular que (tras los millonarios fraudes contra ahorradores, como en el reciente caso Ficrea), ahora busca endurecer la supervisión y las sanciones a sociedades de ahorro popular y dar una respuesta a quienes fueron defraudados por Ficrea, sociedad en liquidación.
Lo más grave de esos fraudes es que los responsables “gozan de cabal salud”, en tanto la sociedad, la que paga impuestos y es perseguida por hacienda, son los que cargan con las consecuencias, ya que con sus gravámenes se salda los débitos.
Por lo pronto ha trascendido que ahorradores defraudados por los dueños de la sociedad financiera popular Ficrea anunciaron que interpondrán un amparo contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para hacer valer una ley que obligaría al Estado (más bien a los ciudadanos que si pagan impuestos) a cubrir con fondos públicos los recursos que depositaron en la firma.
“Se está solicitando el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que se cubra a todos los ahorradores de Ficrea el importe total de las inversiones realizadas” hasta el momento en que la firma fue intervenida por las autoridades, anuncia Fauzi Hamdan Amad, representante legal de un grupo de ahorradores de la firma financiera.
Y alguien diría –con justa razón- ¿y nosotros porque? Por lo pronto la propuesta de la nueva ley prevé integrar un fondo de ahorro popular, que será constituido por el gobierno federal como fideicomiso en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Banobras), que posteriormente será transferido al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (Ipab), como un esquema para garantizar la inversión de los ahorradores, hasta por un monto equivalente a 25 mil Udis.
La iniciativa define que aun si el manejo de las sociedades de ahorro popular es insuficiente para evitar riesgos, se contará con mecanismos para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) “detecte de manera oportuna problemas de liquidez o estabilidad financiera y actúe en consecuencia”.
Y aquí un dato que no encaja ni debería encajar: -se prevé constituir un fondo, con recursos del gobierno federal, para garantizar a los defraudados por Ficrea recuperar hasta un millón de pesos, a través de aportaciones a una subcuenta en el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedad y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago). (¿Y los recursos?, producto del pago de impuesto ¿Por qué? Que paguen los defraudadores y no el pueblo que apenas tiene para comer.
Lo más grave de esos fraudes es que los responsables “gozan de cabal salud”, en tanto la sociedad, la que paga impuestos y es perseguida por hacienda, son los que cargan con las consecuencias, ya que con sus gravámenes se salda los débitos.
Por lo pronto ha trascendido que ahorradores defraudados por los dueños de la sociedad financiera popular Ficrea anunciaron que interpondrán un amparo contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para hacer valer una ley que obligaría al Estado (más bien a los ciudadanos que si pagan impuestos) a cubrir con fondos públicos los recursos que depositaron en la firma.
“Se está solicitando el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que se cubra a todos los ahorradores de Ficrea el importe total de las inversiones realizadas” hasta el momento en que la firma fue intervenida por las autoridades, anuncia Fauzi Hamdan Amad, representante legal de un grupo de ahorradores de la firma financiera.
Y alguien diría –con justa razón- ¿y nosotros porque? Por lo pronto la propuesta de la nueva ley prevé integrar un fondo de ahorro popular, que será constituido por el gobierno federal como fideicomiso en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Banobras), que posteriormente será transferido al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (Ipab), como un esquema para garantizar la inversión de los ahorradores, hasta por un monto equivalente a 25 mil Udis.
La iniciativa define que aun si el manejo de las sociedades de ahorro popular es insuficiente para evitar riesgos, se contará con mecanismos para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) “detecte de manera oportuna problemas de liquidez o estabilidad financiera y actúe en consecuencia”.
Y aquí un dato que no encaja ni debería encajar: -se prevé constituir un fondo, con recursos del gobierno federal, para garantizar a los defraudados por Ficrea recuperar hasta un millón de pesos, a través de aportaciones a una subcuenta en el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedad y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago). (¿Y los recursos?, producto del pago de impuesto ¿Por qué? Que paguen los defraudadores y no el pueblo que apenas tiene para comer.
Gobernantes.com
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