sábado, 18 de abril de 2015

Tarek Abdalá y otros mienten sobre sus raíces

Veracruz.- Dicen que Agustín Acosta Lagunes no era veracruzano sino defeño –aun cuando sus raíces estuvieran en tierras jarochas-; que su efímero secretario de Gobierno –quien aspiró a la gubernatura por un partido distinto al PRI-, Ignacio Rey Morales Lechuga, tampoco era veracruzano sino poblano, lo mismo que don Fernando Gutiérrez Barrios, el llamado hombre leyenda que gobernó dos años al Estado. Y en ese tenor hay muchos que niegan el origen, Carolina Gudiño, la ex alcaldesa porteña y ahora candidata a diputada Federal por Boca del Río –donde busca derrotar a los Yunes-, es oaxaqueña. La lista es interminable, Jorge Carballo Delfín es del Distrito Federal pero quiere ser diputado Federal por Los Tuxtlas, como hay veracruzanos que aspiran –y logran- ser legisladores por otras entidades. Por ello no extraña que Antonio Tarek Abdalá, aspirante la diputación federal por Cosamaloapan haya mentido en torno a su lugar de nacimiento (como ha mentido en muchas cosas más, entre otras en el pago que nunca hizo a acreedores cuando era subsecretario de finanzas), pues de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento expedida en la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal por Ignacio Esquivel Méndez, Juez del Registro Civil, y certificada por el Notario Público número 16, Rafael de la Huerta Manjarrez con fecha expedida el 26 de diciembre del 2014, nació en el Distrito Federal y no en Tres Valles como ha hecho creer a los cuenqueños. Por eso tampoco extraña el que Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), reconozca que el “turismo electoral”, entendido este como el cambio temporal de domicilio para sufragar en un sitio que no le corresponde realmente al tenedor de una credencial para votar, sea el ilícito que más se denuncia actualmente en esa instancia, situación que implica 90 por ciento de las denuncias que el organismo ha recibido en el actual proceso electoral. “Son nueve de cada 10 denuncias las que van por ese motivo, la décima es por el uso indebido de programas sociales de las autoridades municipales, estatales y federales durante las campañas”, reconoce, y de acuerdo con su versión, los estados en donde más se denuncia el uso indebido de programas sociales son Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua.

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