Ciudad de México.- El diputado Danner González Rodríguez (MC), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal federal de “máxima” seguridad del Altiplano de Almoloya de Juárez, “no sólo evidenció el grado de corrupción de las autoridades federales, sino también la debilidad y descomposición institucional del sistema penitenciario del país”.
En el país hay más de 430 cárceles federales, estatales y municipales y de acuerdo con funcionarios del gobierno federal, las prisiones de máxima seguridad viven una crisis muy dramática, ya que albergan más reos de los que deben tener, lo que pone en riesgo a las personas que purgan una pena, a los custodios y a la sociedad.
Precisó que de 24 penales federales, sólo 14 cuentan con igual o menor número de reos que la capacidad límite para el que fueron construidos. Situación que se agrava ya que de acuerdo con expertos, las únicas referencias para la construcción de los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) son: el Manual de Reclusorio Tipo y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que datan de 1970 y 1976, respectivamente.
Por ello, a través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, propuso exhortar los gobiernos Federal y estatales, y del Distrito Federal, para que atiendan la crítica situación en la que se encuentra el Sistema Penitenciario del país.
Asimismo, que la Secretaría de Gobernación envíe un informe detallado y pormenorizado a la Comisión Permanente, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, sobre cuáles son las medidas que ha implementado en los penales federales para mejorar el estado de su infraestructura, la capacidad de operación y de funcionamiento de estos centros, a fin de cumplir con el mandato constitucional de la reinserción social.
Planteó exhortar a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para que informen sobre las medidas implementadas en los penales locales a fin de mejorar su infraestructura y capacidad de operación y funcionamiento, en aras de cumplir con el mandato constitucional.
En el país hay más de 430 cárceles federales, estatales y municipales y de acuerdo con funcionarios del gobierno federal, las prisiones de máxima seguridad viven una crisis muy dramática, ya que albergan más reos de los que deben tener, lo que pone en riesgo a las personas que purgan una pena, a los custodios y a la sociedad.
Precisó que de 24 penales federales, sólo 14 cuentan con igual o menor número de reos que la capacidad límite para el que fueron construidos. Situación que se agrava ya que de acuerdo con expertos, las únicas referencias para la construcción de los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) son: el Manual de Reclusorio Tipo y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que datan de 1970 y 1976, respectivamente.
Por ello, a través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, propuso exhortar los gobiernos Federal y estatales, y del Distrito Federal, para que atiendan la crítica situación en la que se encuentra el Sistema Penitenciario del país.
Asimismo, que la Secretaría de Gobernación envíe un informe detallado y pormenorizado a la Comisión Permanente, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, sobre cuáles son las medidas que ha implementado en los penales federales para mejorar el estado de su infraestructura, la capacidad de operación y de funcionamiento de estos centros, a fin de cumplir con el mandato constitucional de la reinserción social.
Planteó exhortar a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para que informen sobre las medidas implementadas en los penales locales a fin de mejorar su infraestructura y capacidad de operación y funcionamiento, en aras de cumplir con el mandato constitucional.
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