Ciudad de México.- Casi seis años después de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) no fueron capaces de dar a conocer avances de la investigación a 14 familiares de las víctimas que viajaron desde Brasil, Honduras, Guatemala y El Salvador en busca de justicia.
Los deudos, apoyados por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos, denunciaron que solicitaron una reunión con la procuradora Arely Gómez y con el agente del Ministerio Público (MP) que estuvo a cargo de la investigación durante más de cinco años, pero finalmente el encuentro terminó en una “burla”.
Precisaron que Gómez no se presentó a la reunión, y en lugar del agente requerido por su conocimiento del tema acudió un funcionario que “investiga” el caso desde hace apenas un año. Su presentación duró menos de diez minutos, lo que irritó a los familiares, quienes señalaron que había más información en Internet que en el discurso del funcionario.
“Como las familias se percataron de que esto era una burla, tomaron la decisión de levantarse”, explicó Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación. “Para las familias fue un trauma, esperaban otra explicación después de cinco años”, subrayó en entrevista con Apro.“Las familias saben más del caso que el MP, quien no sabe ni siquiera cuántas personas fueron detenidas”, comentó a su vez Fray Tomás González, y añadió: “Son familias a las que les regresaron como cadáver una masa de arena o a otros bolsas de papeles en un ataúd”.
Al acercarse el sexto aniversario de la masacre de los 72 migrantes (24 de agosto de 2010), y luego del hallazgo de fosas clandestinas con los restos de 193 personas, en abril de 2011, la PGR todavía se niega a proporcionar los expedientes a los familiares.
De acuerdo con la salvadoreña Mirna del Carmen Solorza, cuya hija fue ejecutada en San Fernando, en realidad la institución está “escondiendo” los expedientes.
Tras la “burla” en la PGR, los familiares se apostaron frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de incidir en la resolución que mañana dictaminará la Primera Sala sobre la revisión del amparo 382/2015, referente al caso de la salvadoreña Bertila Parada, cuyo hijo fue encontrado en una fosa clandestina en el municipio tamaulipeco.
Por la tarde, una comitiva platicó con algunos secretarios de los ministros de la Primera Sala a quienes reiteró su petición de que la máxima instancia de justicia en México declare la masacre en San Fernando como un caso de graves violaciones a los derechos humanos, y con ello poder exigir a la PGR que haga públicos los expedientes de la investigación.
También solicitaron que la Suprema Corte los reconozca como víctimas –hasta ahora están definidas como “familiares de personas que fueron localizadas en estas fosas”– y exhiba las deficiencias en la labor de las autoridades para investigar y realizar los peritajes del asunto.
Insistieron que en el caso de las fosas clandestinas de San Fernando, la investigación se dividió y eso complicó aún más el acceso a la justicia.
Según los familiares, éstos son algunos de los puntos negativos que contiene el proyecto de resolución del caso, elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y que la SCJN hizo público, aunque durante su discusión de este miércoles los ministros aún pueden modificar la resolución.
Sin embargo, la Fundación reconoció que dicho proyecto contiene algunos aspectos positivos, dado que reconoce la condición de víctima a la salvadoreña Bertila Parada, lo que obligará la PGR a entregarle el expediente y replantear el vínculo que existe entre el derecho a la verdad y el acceso a la información.
Las familias y sus acompañantes también se reunieron este martes con Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a quien expresaron sus quejas, “principalmente sobre la falta de una justa reparación del daño y la incertidumbre en la que viven al no estar seguros de que los restos mortales que recibieron sean de sus consanguíneos”, de acuerdo con un boletín difundido por ese organismo.
Los deudos, apoyados por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos, denunciaron que solicitaron una reunión con la procuradora Arely Gómez y con el agente del Ministerio Público (MP) que estuvo a cargo de la investigación durante más de cinco años, pero finalmente el encuentro terminó en una “burla”.
Precisaron que Gómez no se presentó a la reunión, y en lugar del agente requerido por su conocimiento del tema acudió un funcionario que “investiga” el caso desde hace apenas un año. Su presentación duró menos de diez minutos, lo que irritó a los familiares, quienes señalaron que había más información en Internet que en el discurso del funcionario.
“Como las familias se percataron de que esto era una burla, tomaron la decisión de levantarse”, explicó Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación. “Para las familias fue un trauma, esperaban otra explicación después de cinco años”, subrayó en entrevista con Apro.“Las familias saben más del caso que el MP, quien no sabe ni siquiera cuántas personas fueron detenidas”, comentó a su vez Fray Tomás González, y añadió: “Son familias a las que les regresaron como cadáver una masa de arena o a otros bolsas de papeles en un ataúd”.
Al acercarse el sexto aniversario de la masacre de los 72 migrantes (24 de agosto de 2010), y luego del hallazgo de fosas clandestinas con los restos de 193 personas, en abril de 2011, la PGR todavía se niega a proporcionar los expedientes a los familiares.
De acuerdo con la salvadoreña Mirna del Carmen Solorza, cuya hija fue ejecutada en San Fernando, en realidad la institución está “escondiendo” los expedientes.
Tras la “burla” en la PGR, los familiares se apostaron frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de incidir en la resolución que mañana dictaminará la Primera Sala sobre la revisión del amparo 382/2015, referente al caso de la salvadoreña Bertila Parada, cuyo hijo fue encontrado en una fosa clandestina en el municipio tamaulipeco.
Por la tarde, una comitiva platicó con algunos secretarios de los ministros de la Primera Sala a quienes reiteró su petición de que la máxima instancia de justicia en México declare la masacre en San Fernando como un caso de graves violaciones a los derechos humanos, y con ello poder exigir a la PGR que haga públicos los expedientes de la investigación.
También solicitaron que la Suprema Corte los reconozca como víctimas –hasta ahora están definidas como “familiares de personas que fueron localizadas en estas fosas”– y exhiba las deficiencias en la labor de las autoridades para investigar y realizar los peritajes del asunto.
Insistieron que en el caso de las fosas clandestinas de San Fernando, la investigación se dividió y eso complicó aún más el acceso a la justicia.
Según los familiares, éstos son algunos de los puntos negativos que contiene el proyecto de resolución del caso, elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y que la SCJN hizo público, aunque durante su discusión de este miércoles los ministros aún pueden modificar la resolución.
Sin embargo, la Fundación reconoció que dicho proyecto contiene algunos aspectos positivos, dado que reconoce la condición de víctima a la salvadoreña Bertila Parada, lo que obligará la PGR a entregarle el expediente y replantear el vínculo que existe entre el derecho a la verdad y el acceso a la información.
Las familias y sus acompañantes también se reunieron este martes con Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a quien expresaron sus quejas, “principalmente sobre la falta de una justa reparación del daño y la incertidumbre en la que viven al no estar seguros de que los restos mortales que recibieron sean de sus consanguíneos”, de acuerdo con un boletín difundido por ese organismo.
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