Culiacán, Sinaloa.- Javier Valdez Cárdenas, periodista y escritor, fue asesinado sin que se tenga conocimiento de sus agresores ni del móvil del homicidio. Es el sexto periodista ultimado en lo que va de 2017, más de uno cada mes. Javier fue un cronista que daba seguimiento a las actividades del crimen organizado en Sinaloa. Como varios más que buscan desenmascarar oscuros intereses, recibió a cambio disparos que lo dejaron sin vida.
El periodismo en México no tiene garantías para su ejercicio pleno. Nuestro país, sin estar en guerra, es el tercero más peligroso para los periodistas a nivel mundial, solo detrás de Siria y Afganistán, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras. Desde 2000 han muerto más de cien periodistas en el territorio nacional, muchos de los cuales han estado detrás de investigaciones delictivas sobre personajes de poder político y económico, así como del crimen organizado.
Según organizaciones civiles, 99.75% de los casos de reporteros asesinados no han sido aclarados. Impunidad total. Además, la mitad de quienes amenazan a la prensa son funcionarios públicos. Así pues, los enemigos de la libertad de expresión en México se ubican tanto en oficinas de gobierno como entre los distintos grupos del crimen organizado.
La fortaleza institucional no alcanza para garantizar la seguridad de los periodistas mexicanos. Es claro que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR), es por lo menos insuficiente para evitar que persistan las amenazas, el acoso y los asesinatos a miembros de la prensa.
En muchas zonas del país los periodistas se enfrentan a la violencia estructural que promueve el crimen organizado; es en esas regiones en donde la incapacidad, omisiones y hasta complicidad de las autoridades ponen en riesgo la actividad informativa, con los resultados conocidos hasta ahora. Un periodista o un medio con información que denuncia la actividad de políticos y empresarios corruptos, así como de criminales, necesita la protección debida. Eso en México hoy no existe.
El periodismo, entre otras cosas, ejerce contrapesos hacia los abusos de poder, la corrupción y la impunidad. La prensa, en todo caso, responde al interés público más profundo de una sociedad. Este gremio hoy en México requiere menos solidaridad discursiva y sí más medidas desde los gobiernos que permitan el pleno ejercicio de la libertad de expresión sin miedo, sin cortapisas.
Que termine la dolorosa impunidad de quienes han asesinado periodistas, que no se imponga la tentación del silencio. Si la prensa calla frente a los abusos del poder, cualquiera que sea, en el fondo se habrá enterrado uno de los derechos más sagrados de la nación entera, el de la libertad de expresión.
El Universal
El periodismo en México no tiene garantías para su ejercicio pleno. Nuestro país, sin estar en guerra, es el tercero más peligroso para los periodistas a nivel mundial, solo detrás de Siria y Afganistán, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras. Desde 2000 han muerto más de cien periodistas en el territorio nacional, muchos de los cuales han estado detrás de investigaciones delictivas sobre personajes de poder político y económico, así como del crimen organizado.
Según organizaciones civiles, 99.75% de los casos de reporteros asesinados no han sido aclarados. Impunidad total. Además, la mitad de quienes amenazan a la prensa son funcionarios públicos. Así pues, los enemigos de la libertad de expresión en México se ubican tanto en oficinas de gobierno como entre los distintos grupos del crimen organizado.
La fortaleza institucional no alcanza para garantizar la seguridad de los periodistas mexicanos. Es claro que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR), es por lo menos insuficiente para evitar que persistan las amenazas, el acoso y los asesinatos a miembros de la prensa.
En muchas zonas del país los periodistas se enfrentan a la violencia estructural que promueve el crimen organizado; es en esas regiones en donde la incapacidad, omisiones y hasta complicidad de las autoridades ponen en riesgo la actividad informativa, con los resultados conocidos hasta ahora. Un periodista o un medio con información que denuncia la actividad de políticos y empresarios corruptos, así como de criminales, necesita la protección debida. Eso en México hoy no existe.
El periodismo, entre otras cosas, ejerce contrapesos hacia los abusos de poder, la corrupción y la impunidad. La prensa, en todo caso, responde al interés público más profundo de una sociedad. Este gremio hoy en México requiere menos solidaridad discursiva y sí más medidas desde los gobiernos que permitan el pleno ejercicio de la libertad de expresión sin miedo, sin cortapisas.
Que termine la dolorosa impunidad de quienes han asesinado periodistas, que no se imponga la tentación del silencio. Si la prensa calla frente a los abusos del poder, cualquiera que sea, en el fondo se habrá enterrado uno de los derechos más sagrados de la nación entera, el de la libertad de expresión.
El Universal
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