Veracruz.- Contra lo que se esperaba, él, que vive obsesionado con Javier Duarte de Ochoa, y que cuando no tiene nada que decir se va a filmar el rancho Las Mesas ubicado en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, -construcción que se habría edificado con recursos públicos provenientes de las secretarías de Educación y de Salud de Veracruz que fueron desviados a través de múltiples empresas fantasma-, ahora dice desconocer sobre los sobornos por 3.7 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht habría otorgado a una empresa constituida en la ciudad de Poza Rica a través de 2 compañías offshore. En efecto, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien suele presumir su tendencia por el espionaje, dice ignorar si el caso se relaciona con inversiones que Odebrecht haya realizado en la entidad veracruzana, y refiere –por si pretendieran involucrarlo, que la información, publicada por Mexicanos contra la Corrupción habla de un caso que ocurrió entre los años 2010 y 2013-. “No tenemos mayor información al respecto, yo no tengo noticias de que esto esté vinculado con alguna inversión de este grupo en Veracruz”, expresa el experto en pesquisas subrepticias. Se le recuerda que la información publicada sobre la compañía brasileña Odebrecht se vincula con la edificación de una planta hidroeléctrica en la cuenca del río Los Pescados a la cual se opuso porque el Gobierno del Estado, que encabezaba Javier Duarte de Ochoa, contribuiría con 350 millones de pesos como coinversión del proyecto. No obstante, reiteró que desconocía que la construcción de la planta hidroeléctrica se relacionara con Odebrecht. “Nos opusimos y se echó atrás el proyecto pero no sabía que esa inversión estuviera vinculada a Odebrecht”, e incluso, aseguró desconocer que Odebrecht participe en el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), consorcio que brinda los servicios de agua potable y saneamiento a los habitantes de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo. “No sé si estén directamente participando en el MAS, sinceramente lo digo”. Aclaró que el Gobierno del Estado no cuenta con facultades para revisar contratos celebrados entre los ayuntamientos y particulares, pues la autorización compete otorgarla a la Legislatura local. Vaya caso.
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