miércoles, 6 de febrero de 2013

Constitucionalmente protegido el derecho a protestar: CDHDF

Por Manuel CARVALLO
 
“El derecho a protestar está constitucionalmente protegido y, por lo tanto, no debe ser objeto de actos discriminatorios, políticas de represión o de abusos por parte de los representantes de la autoridad, advirtió el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. Durante su participación en el lanzamiento de la Campaña “Protestar es un derecho, Reprimir es un delito”, aseguró que una democracia plena exige derogar tipos penales ambiguos que imponen penas desproporcionadas frente al ejercicio del derecho a protestar. “El sistema penal, explicó, debe ser utilizado en los casos en los que se cometan delitos, de manera proporcional y con estricto apego al debido proceso, así como observando límites claros cuando se trata del ejercicio de derechos”. El Ombudsman capitalino celebró que la Campaña incluya, además de acciones concretas de difusión sobre el derecho a la protesta, la revisión de los tipos penales que han sido utilizados para criminalizar a la protesta social y que imponen penas desproporcionadas: “Cuando la reacción frente al ejercicio de este derecho implica un abuso de autoridad y de poder, se comete un delito”. Al respecto, dijo que a la CDHDF le preocupa la reacción social que se generó después del 1º de diciembre: “No respecto de las detenciones que la CDHDF documentó como arbitrarias, sino por la sensación de impunidad que quedó una vez que las cosas se resolvieron como se resolvieron”. Y es que, efectivamente, subrayó, “Hay impunidad, tanto en los casos en que las personas fueron detenidas arbitrariamente y recibieron malos tratos, en riesgo de ser víctimas de un sistema penal que pudo haberlos procesado como si fueran delincuentes, tanto como en los casos en que otras personas fueron dañadas por algún hecho delictivo”. Insistió en que se comete delito cuando se transgrede la ley por parte de un ciudadano, pero también cuando ocurre por parte de un servidor público, con el agravante de que se trata precisamente de alguien que está para servir.

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