México, DF-. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde en lo general la minuta de la ley de la industria eléctrica y energía geotérmica, que legisladores del PRD, PT Y Movimiento Ciudadano definieron como el inicio del desmantelamiento formal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero que para los representantes del PRI, PAN y PVEM constituye un paso para la reducción de las tarifas, incluso que cada familia del país pueda generar su propia electricidad y dejar de depender de las compañías.
Después de 4 horas de discusión, la minuta fue avalada con 20 votos de priístas, panistas, verdes y de Nueva Alianza, y 5 en contra de las otras bancadas. En contraste con la sesión de ayer, esta vez no asistieron los diputados Javier Orihuela, y Claudia Bojórquez, ambos del PRD. Aunque es integrante de la comisión no se ha presentado a ninguna de las dos reuniones el coordinador del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez.
Durante la reunión, el diputado Alfredo Anaya Gudiño (PRI), expresó que la apertura del sector eléctrico nacional “puede tener un costo, y lo asumo en lo personal y como partido, pero es el mejor escenario que podemos poner”.
Mientras el panista Juan Bueno Torio afirmó que entre 3 y 4 años, a partir de la entada en vigor de esta ley comenzarán a reducirse las tarifas de energía eléctrica de uso doméstico, el priísta Abel Salgado expuso: “una cosa es cierta, no se pueden bajar por decreto los costos de la energía esto no es posible, y sería altamente responsable en términos económicos, pero si podemos aprobar normas que doten al mercado de mejores de condiciones de competencia y oferta. Las tarifas bajarán cuando bajen los costos y se abra el sector.
El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, cuestionó que Acción Nacional primero propuso eliminar los subsidios al consumo doméstico de electricidad, y después por un cálculo electoral decidió cancelar su propuesta, aunque “esa posibilidad todavía pende como amenaza en el artículo 116 de la ley, en el cual se define que las Secretarías de Hacienda, Energía y Desarrollo Social aplicarán programas “ de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y urbanas marginadas, para grupos de usuarios del suministro básico en condiciones económicas de vulnerabilidad.
Después de 4 horas de discusión, la minuta fue avalada con 20 votos de priístas, panistas, verdes y de Nueva Alianza, y 5 en contra de las otras bancadas. En contraste con la sesión de ayer, esta vez no asistieron los diputados Javier Orihuela, y Claudia Bojórquez, ambos del PRD. Aunque es integrante de la comisión no se ha presentado a ninguna de las dos reuniones el coordinador del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez.
Durante la reunión, el diputado Alfredo Anaya Gudiño (PRI), expresó que la apertura del sector eléctrico nacional “puede tener un costo, y lo asumo en lo personal y como partido, pero es el mejor escenario que podemos poner”.
Mientras el panista Juan Bueno Torio afirmó que entre 3 y 4 años, a partir de la entada en vigor de esta ley comenzarán a reducirse las tarifas de energía eléctrica de uso doméstico, el priísta Abel Salgado expuso: “una cosa es cierta, no se pueden bajar por decreto los costos de la energía esto no es posible, y sería altamente responsable en términos económicos, pero si podemos aprobar normas que doten al mercado de mejores de condiciones de competencia y oferta. Las tarifas bajarán cuando bajen los costos y se abra el sector.
El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, cuestionó que Acción Nacional primero propuso eliminar los subsidios al consumo doméstico de electricidad, y después por un cálculo electoral decidió cancelar su propuesta, aunque “esa posibilidad todavía pende como amenaza en el artículo 116 de la ley, en el cual se define que las Secretarías de Hacienda, Energía y Desarrollo Social aplicarán programas “ de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y urbanas marginadas, para grupos de usuarios del suministro básico en condiciones económicas de vulnerabilidad.
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