Reporte Global

Por Salvador González Briceño*

VERSIÓN OFICIAL, EN DUDA

*Participación de la policía federal y el ejército

Entre la indignación ciudadana nacional e internacional, porque los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa no aparecen, poco a poco se articula el engranaje de los acontecimientos —por ahora en versiones periodísticas— que continúan poniendo en seria duda la “versión oficial” de los días 26-27 de septiembre en Iguala, Guerrero, ofrecida por la PGR.
El problema es que, si como primer paso no se da con la verdad de los hechos, que aparezcan con vida los 43 (42) normalistas y se juzgue y castigue a los responsables, las protestas no tendrán pausa pese incluso al zarpazo legislativo de suprimir el derecho a la manifestación. Peor aún si, en segundo término, no se replantean la política de Estado en materia de seguridad y se redefine en rumbo país —en el sentido de un proyecto de nación.
Magna tarea tiene el gobierno de Peña Nieto. Difícil, porque no se ve por dónde —gabinete incluido— tenga el intento siquiera de cambiar ambos retos de país. La seguridad en primer lugar. Y lo demás no es lo de menos: es el problema estructural, de fondo, del país.
Problema será que, a falta de alternativas, a cambio, se imponga la “tentación autoritaria”. Algo así sería el peor escenario para el país. Para los mexicanos y los padres de los estudiantes desaparecidos, la justicia y el Estado de derecho.
Algunas voces primero, como las del sacerdote Alejandro Solalinde y los mismos padres de los estudiantes desaparecidos, comenzaron a poner en duda la versión del procurador Jesús Murillo Karam. Luego vinieron las lagunas relativas a la procedencia de las muestras que dieron con el ADN familiar de Alexander Mora Venancio, la opinión de los expertos forenses de la UNAM y el sitio de incineración ubicado no en el basurero de Cocula sino en Chilapa, según el rastreo satelital de la NASA de la madrugada del día 27.
Recientemente el general Francisco Gallardo habló de la participación del Ejército en los acontecimientos; “maniobra militar”, dijo. Pero el análisis periodístico último de Proceso (N° 1989, 14 de diciembre) pone más piezas en contra de la versión oficial.
“La historia no oficial” comienza así: “Fuerzas federales participaron en el ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, durante el cual murieron tres normalistas y 43 fueron desaparecidos en una sucesión de hechos conocida en tiempo real por el gobierno federal…
Los estudiantes fueron monitoreados siempre por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo, que informa a la administración estatal y federal. “Al mismo tiempo que la Policía Estatal recibía el reporte, también lo recibieron la PF, el Ejército y la Policía Municipal de Iguala, instancias a las que el C4 les reporte”.
Pero “hasta ahora, el gobierno de Peña Nieto ha ocultado la información que tiene acerca de la participación de la PF y el Ejército en los acontecimientos”.
El general José Francisco Gallardo Rodríguez (enjuiciado y encarcelado tras proponer la creación del “Ombudsman militar”), dijo recién: “Fue el ejército el que realizó la desaparición porque hicieron una maniobra militar”.
“…Estoy seguro que fue el ejército. Porque la policía en México está militarizada. El ejército hizo una maniobra militar. Hay policía municipal, hay civiles, pero son militarizados. ¿Por qué a los policías civiles los mandan a adiestrar a la zona militar? Pues porque son militares. Todo este show —agarrar al presidente municipal, encontrar a un único culpable— es para que no se concentre la mirada en el ejército”, dice Gallardo.  ¿Qué dirá el gobierno de Peña Nieto?