Toluca, Edomex.- Policías estatales, ministeriales y municipales que participaron en el saqueo de refacciones y partes automotrices en el corralón de grúas Ramírez, deben ser investigados por la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México (Codhem), ya que existe una denuncia en contra de ellos desde agosto del año pasado. Víctor Manuel Ramírez del Bosque, uno de los propietarios del corralón, inició la queja CODHEM/NEZA/685/2014 en contra de los funcionarios públicos que participaron en el saqueo mientras el corralón era investigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM). En el escrito se establece la denuncia en contra de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia y de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como actores intelectuales del delito de robo. Ante ello la Codhem ya solicitó informes a los titulares de las dependencias señaladas y también con el objeto de mantener salvaguardados los derechos de los afectados. Asimismo, se hará una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia debido a que se relacionan servidores públicos policiales de la estatal y de los municipios de Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz y de la misma Procuraduría. El afectado relata que en dos años y tres meses elementos de la policía estatal y municipal de La Paz, Ixtapaluca y esta localidad obtuvieron ganancias no bien cuantificadas al saquear y desvalijar el depósito de vehículos Servicios Especializados Grúas Ramírez S.A. de C.V., ello luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México clausurara “El corralón Grúas Ramírez” y lo dejara bajo la custodia de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los dueños de dicho lugar, Guadalupe Agustín y Manuel, de apellidos Ramírez del Bosque, denunciaron que el 25 de octubre del año 2012 fue cerrado el lugar por órdenes de la juez de Chalco Fabiola Catalina Aparicio Perales, bajo el supuesto delito de robo de vehículos. Desde entonces, la propiedad quedó bajo resguardo de la Agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia de La Perla y éstos, a su vez, la dejaron bajo cuidado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Desde la fecha mencionada la juez cometió una serie de irregularidades, como fue la de mandar cerrar el negocio ubicado avenida Cuauhtémoc manzana 93 lote 1 de la colonia Darío Martínez Primera Sección y en su lugar cerró la que está localizada en la Bahía de Todos los Santos sin número en la colonia de Tlalpizáhuac del Valle de Chalco. Durante el tiempo que el negocio estuvo en manos de la autoridad estatal, las policías estatal y municipales de La Paz, Ixtapaluca y Valle de Chalco lograron desvalijar el mayor número de autos, camiones, camionetas, motocicletas y un taller de torno. Los hermanos dijeron que al abrir nuevamente el negocio estaba presente el Notario Público número 126, Salvador Jiménez Espinoza, quien dio fe de la documentación de cómo llegaban patrullas al corralón y se llevaban las piezas que hurtaban.
Quadratín
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