Dos asesores técnicos especiales, que podrán visitar México las veces que sea necesario, y un comisionado designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seguirán de cerca la continuación de la investigación de la PGR sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Así quedó establecido en el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Iguala aprobado por la CIDH, el gobierno mexicano y familiares de los estudiantes desaparecidos, tras varias reuniones en Washington.
El comisionado de la CIDH a cargo del Mecanismo realizará al menos tres visitas a México para supervisar los avances. Los asesores y el comisionado, según el acuerdo, tendrán acceso pleno al expediente y vigilarán el cumplimiento de las medidas cautelares y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentadas en su informe final.
“Sólo la supervisión internacional podrá asegurar que se indague a fondo y se revierta el sesgo que se introdujo en la investigación”, consideró el director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Mario Patrón, quien acompañó a un grupo de padres de los normalistas a Washington.
Señaló que la Comisión Interamericana solicitó a la Procuraduría General de la República “redoblar esfuerzos” para determinar el paradero de los estudiantes, pues el caso continúa reuniendo los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad.
También, dijo, pidió a las autoridades mexicanas abarcar en la indagatoria los aspectos sobre delincuencia trasnacional y ya no centrarse en la hipótesis del basurero municipal de Cocula, donde al parecer los estudiantes fueron incinerados. Señaló que la CIDH reiteró que “las acciones adoptadas por las autoridades estatales aún no han arrojado resultados concretos”.
Así quedó establecido en el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Iguala aprobado por la CIDH, el gobierno mexicano y familiares de los estudiantes desaparecidos, tras varias reuniones en Washington.
El comisionado de la CIDH a cargo del Mecanismo realizará al menos tres visitas a México para supervisar los avances. Los asesores y el comisionado, según el acuerdo, tendrán acceso pleno al expediente y vigilarán el cumplimiento de las medidas cautelares y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentadas en su informe final.
“Sólo la supervisión internacional podrá asegurar que se indague a fondo y se revierta el sesgo que se introdujo en la investigación”, consideró el director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Mario Patrón, quien acompañó a un grupo de padres de los normalistas a Washington.
Señaló que la Comisión Interamericana solicitó a la Procuraduría General de la República “redoblar esfuerzos” para determinar el paradero de los estudiantes, pues el caso continúa reuniendo los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad.
También, dijo, pidió a las autoridades mexicanas abarcar en la indagatoria los aspectos sobre delincuencia trasnacional y ya no centrarse en la hipótesis del basurero municipal de Cocula, donde al parecer los estudiantes fueron incinerados. Señaló que la CIDH reiteró que “las acciones adoptadas por las autoridades estatales aún no han arrojado resultados concretos”.
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