Culiacán, Sinaloa.- A un mes del asesinato de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada y cofundador del semanario Riodoce, la Procuraduría General de la República (PGR) ha asumido de facto la responsabilidad de las indagatorias desplazando a las autoridades de Sinaloa. En ese contexto, el Ministerio Público Federal se abocará a la identificación y localización de una persona que supuestamente había sido invitada a participar en el crimen, pero se negó a ello.
Hasta ahora no se ha cerrado ninguna de las líneas de investigación que estableció la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, la primera de ellas relacionada con un supuesto robo de vehículo y la segunda que el asesinato fue consecuencia de la publicación de información relacionada con la disputa que sostenían por el liderazgo del cártel de Sinaloa los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Alfredo e Iván Guzmán Salazar, en contra de Dámaso López Núñez, El Licenciado, y su hijo Dámaso López Serrano, El Mini Lic.
Para ambas procuradurías, todo indicio o avance es considerado parte de ‘‘la secrecía de la investigación”. Incluso datos que no afectarían la indagatoria en sí, pero que socialmente darían visos de avance.
Ejemplos de lo anterior es si del coche del periodista se obtuvieron huellas dactilares de alguno o algunos de los participantes en el asesinato; si se cuenta con algún testimonio que haya dado datos precisos de la manera en que se bloqueó el paso al autor de Miss Narco y Narcoperiodismo; cuántos fueron los agresores que participaron en el ataque, o si el caso ya se considera un asunto del crimen organizado.
El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, declaró ayer que él tiene la responsabilidad de dar los resultados de esta indagatoria. ‘‘También tengo la responsabilidad de guardar el secreto de la investigación. El caso se está investigando, hay evidencias y pistas que nos están llevando a (saber) qué fue lo que sucedió.
‘‘Tengo que guardar, por protección de la familia y de la indagatoria misma, las reservas que corresponden, pero se está trabajando muy seriamente en esta situación y hay una cooperación muy importante con diferentes áreas, tanto del gobierno federal como de la Fiscalía General del estado.
‘‘Hay trabajo y un avance muy importante en esta investigación, pero cuando lo permitan los tiempos de trabajo será posible dar a conocer todo eso a los medios de comunicación y principalmente a la familia.’’
Sin embargo, funcionarios sinaloenses y federales revelaron que la indagatoria iniciada por el delito de homicidio doloso, ya sólo está siendo integrada en el ámbito de la Feadle, aunque se ha declarado que es una investigación conjunta.
‘‘La procuraduría que dirige Juan José Ríos Estavillo no ha realizado ninguna diligencia desde hace varias semanas, y todo el contenido de los peritajes iniciales se transfirió a la fiscalía federal, aunque el caso no ha sido atraído de manera formal’’, indicaron funcionarios de la Procuraduría General de la República en Sinaloa.
Se debe señalar que el pasado 22 de mayo –una semana después del asesinato de Javier Valdez– las autoridades federales llevaron a cabo, sin la participación de los peritos locales, una primera diligencia pública de ‘‘recreación’’ del homicidio en presencia de medios.
Ese día, apoyados en una presentación computarizada, el titular de la Feadle, Ricardo Sánchez; el procurador local, Juan José Ríos Estavillo, y Anselmo Apodaca, titular de Servicios Periciales de PGR, dieron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer su versión de cómo habría ocurrido el asesinato, aunque incurrieron en fallas que iban desde el acomodo de los puntos donde se encontraron los indicios, hasta en la postura en que quedó el cuerpo del informador.
Las fuentes entrevistadas señalaron que ‘‘la falta de trabajo conjunto se ha ido acentuando desde hace más de dos semanas, por eso ni siquiera participaron los peritos sinaloenses en las actuaciones llevadas a cabo hace más de una semana en la calle Vicente Riva Palacio, donde Javier Valdez fue abatido’’, señalaron los funcionarios federales.
Personal de la PGR y de la División Científica de la Policía Federal realizaron una segunda ‘‘recreación’’ del homicidio, esta vez sin invitar a medios de comunicación y con el área resguardada por efectivos del Ejército. De esas diligencias no se ha difundido información, por lo que se desconoce si en ellas participó algún testigo del ataque.
Javier Valdez Cárdenas fue agredido por varios sujetos a las 12:00 horas del 15 de mayo, minutos después de que había salido de las instalaciones del semanario Riodoce, a donde había acudido a una reunión editorial, como lo hacía semanalmente.
El corresponsal de La Jornada viajaba en su coche cuando supuestamente un vehículo de color gris le cerró el paso; sus ocupantes bajaron de la unidad y obligaron al periodista a descender; dialogaron con él durante uno o dos minutos, le hicieron que vaciara sus bolsillos y luego le dispararon en 12 ocasiones, aunque según la versión más reciente dada por la PGR, su cuerpo presentaba 13 lesiones por arma de fuego.
La Procuraduría General de la República asegura que el escritor no habría sido obligado a arrodillarse; sin embargo, peritos que colaboran con la dependencia federal señalaron a La Jornada que, con base en las evidencias fotográficas tomadas por diversos medios, esto sí ocurrió.
La agresión se realizó a una calle y media del semanario Riodoce, sobre la avenida Vicente Riva Palacio, entre las calles Epitasio Osuna y Ramón F. Iturbe, en la colonia Jorge Almada, en Culiacán. Los agresores se llevaron el coche de Javier Valdez y lo abandonaron ocho calles después; del vehículo sustrajeron documentos, teléfono y computadora del periodista.
Hasta el momento, tampoco se ha informado si los señalamientos realizados por el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida Valdez, han tenido algún resultado. El periodista declaró que el pasado 16 de mayo –un día después del asesinato de Javier Valdez– una persona, a la que no identificó, le pidió que fuera enlace entre él y las autoridades, ya que supuestamente tenía información acerca de quienes perpetraron el asesinato del autor de Los morros del narco.
Presuntamente esa persona habría sido ‘‘invitada’’ a participar en el ataque a Javier Valdez Cárdenas y se negó a ello, declaró ante personal de la Feadle y habría entregado evidencias relacionadas con el homicidio del comunicador.
Hasta ahora no se ha cerrado ninguna de las líneas de investigación que estableció la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, la primera de ellas relacionada con un supuesto robo de vehículo y la segunda que el asesinato fue consecuencia de la publicación de información relacionada con la disputa que sostenían por el liderazgo del cártel de Sinaloa los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Alfredo e Iván Guzmán Salazar, en contra de Dámaso López Núñez, El Licenciado, y su hijo Dámaso López Serrano, El Mini Lic.
Para ambas procuradurías, todo indicio o avance es considerado parte de ‘‘la secrecía de la investigación”. Incluso datos que no afectarían la indagatoria en sí, pero que socialmente darían visos de avance.
Ejemplos de lo anterior es si del coche del periodista se obtuvieron huellas dactilares de alguno o algunos de los participantes en el asesinato; si se cuenta con algún testimonio que haya dado datos precisos de la manera en que se bloqueó el paso al autor de Miss Narco y Narcoperiodismo; cuántos fueron los agresores que participaron en el ataque, o si el caso ya se considera un asunto del crimen organizado.
El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, declaró ayer que él tiene la responsabilidad de dar los resultados de esta indagatoria. ‘‘También tengo la responsabilidad de guardar el secreto de la investigación. El caso se está investigando, hay evidencias y pistas que nos están llevando a (saber) qué fue lo que sucedió.
‘‘Tengo que guardar, por protección de la familia y de la indagatoria misma, las reservas que corresponden, pero se está trabajando muy seriamente en esta situación y hay una cooperación muy importante con diferentes áreas, tanto del gobierno federal como de la Fiscalía General del estado.
‘‘Hay trabajo y un avance muy importante en esta investigación, pero cuando lo permitan los tiempos de trabajo será posible dar a conocer todo eso a los medios de comunicación y principalmente a la familia.’’
Sin embargo, funcionarios sinaloenses y federales revelaron que la indagatoria iniciada por el delito de homicidio doloso, ya sólo está siendo integrada en el ámbito de la Feadle, aunque se ha declarado que es una investigación conjunta.
‘‘La procuraduría que dirige Juan José Ríos Estavillo no ha realizado ninguna diligencia desde hace varias semanas, y todo el contenido de los peritajes iniciales se transfirió a la fiscalía federal, aunque el caso no ha sido atraído de manera formal’’, indicaron funcionarios de la Procuraduría General de la República en Sinaloa.
Se debe señalar que el pasado 22 de mayo –una semana después del asesinato de Javier Valdez– las autoridades federales llevaron a cabo, sin la participación de los peritos locales, una primera diligencia pública de ‘‘recreación’’ del homicidio en presencia de medios.
Ese día, apoyados en una presentación computarizada, el titular de la Feadle, Ricardo Sánchez; el procurador local, Juan José Ríos Estavillo, y Anselmo Apodaca, titular de Servicios Periciales de PGR, dieron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer su versión de cómo habría ocurrido el asesinato, aunque incurrieron en fallas que iban desde el acomodo de los puntos donde se encontraron los indicios, hasta en la postura en que quedó el cuerpo del informador.
Las fuentes entrevistadas señalaron que ‘‘la falta de trabajo conjunto se ha ido acentuando desde hace más de dos semanas, por eso ni siquiera participaron los peritos sinaloenses en las actuaciones llevadas a cabo hace más de una semana en la calle Vicente Riva Palacio, donde Javier Valdez fue abatido’’, señalaron los funcionarios federales.
Personal de la PGR y de la División Científica de la Policía Federal realizaron una segunda ‘‘recreación’’ del homicidio, esta vez sin invitar a medios de comunicación y con el área resguardada por efectivos del Ejército. De esas diligencias no se ha difundido información, por lo que se desconoce si en ellas participó algún testigo del ataque.
Javier Valdez Cárdenas fue agredido por varios sujetos a las 12:00 horas del 15 de mayo, minutos después de que había salido de las instalaciones del semanario Riodoce, a donde había acudido a una reunión editorial, como lo hacía semanalmente.
El corresponsal de La Jornada viajaba en su coche cuando supuestamente un vehículo de color gris le cerró el paso; sus ocupantes bajaron de la unidad y obligaron al periodista a descender; dialogaron con él durante uno o dos minutos, le hicieron que vaciara sus bolsillos y luego le dispararon en 12 ocasiones, aunque según la versión más reciente dada por la PGR, su cuerpo presentaba 13 lesiones por arma de fuego.
La Procuraduría General de la República asegura que el escritor no habría sido obligado a arrodillarse; sin embargo, peritos que colaboran con la dependencia federal señalaron a La Jornada que, con base en las evidencias fotográficas tomadas por diversos medios, esto sí ocurrió.
La agresión se realizó a una calle y media del semanario Riodoce, sobre la avenida Vicente Riva Palacio, entre las calles Epitasio Osuna y Ramón F. Iturbe, en la colonia Jorge Almada, en Culiacán. Los agresores se llevaron el coche de Javier Valdez y lo abandonaron ocho calles después; del vehículo sustrajeron documentos, teléfono y computadora del periodista.
Hasta el momento, tampoco se ha informado si los señalamientos realizados por el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida Valdez, han tenido algún resultado. El periodista declaró que el pasado 16 de mayo –un día después del asesinato de Javier Valdez– una persona, a la que no identificó, le pidió que fuera enlace entre él y las autoridades, ya que supuestamente tenía información acerca de quienes perpetraron el asesinato del autor de Los morros del narco.
Presuntamente esa persona habría sido ‘‘invitada’’ a participar en el ataque a Javier Valdez Cárdenas y se negó a ello, declaró ante personal de la Feadle y habría entregado evidencias relacionadas con el homicidio del comunicador.
La Jornada
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