Lo anterior, luego de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a contratos y al desempeño de dicho programa, en el análisis la cuenta pública 2013, año de su lanzamiento. Siete meses después de su presentación, la Sedesol aún no ha solventado la mitad de las irregularidades detectadas.
De acuerdo con el reporte de seguimiento que la ASF realiza sobre las acciones recomendadas, persisten al menos seis relacionadas con el primer año de gestión de Rosario Robles al frente de la secretaría, que involucran los 845 millones de pesos. Más allá de las inconsistencias importantes en cuanto a padrones de beneficiarios, número de municipios involucrados y coordinación con programas que confluyen en los objetivos de la cruzada contra el hambre, del estado que guardan las recomendaciones aún se desprende que están incumplidas.
El conjunto de acciones no solventadas hasta ahora vinculan irregularidades detectadas en convenios de la Sedesol con las universidades autonómas del Estado de México (UAEM) y de Morelos, entre otras instancias, que recibieron contratos por 857 millones de pesos, en los cuales se detectaron anomalías por 845 millones de pesos.
De la inspección jurídica que realizó la ASF a los contratos celebrados en 2013 para la cruzada contra el hambre, de 10 pliegos de observaciones sólo ha solventado la mitad.
Entre las fallas detectadas destacan las contenidas en el pliego 13-0-20100-12-0269-06-002 por el monto involucrado: se presume daño o perjuicio a la hacienda pública por 396.8 millones de pesos. Cuestionado desde que la ASF presentó la revisión de la cuenta pública 2013, donde se advertía de un convenio con la UAEM para la adquisición de un conjunto de utilitarios, como mochilas, gorras y playeras que, a decir de la ASF, no corresponden con los objetivos del decreto. A la fecha, la Sedesol no ha dado respuesta.
Un segundo paquete de observaciones tampoco aclaradas incluye daño por 239.3 millones de pesos, referente a un contrato con la universidad de Morelos, relacionado con una estrategia de información para difundir programas sociales. Sin embargo, tras el contrato con Sedesol, la institución adjudicó la elaboración a la empresa Evyena Servicios.
De la supervisión de la ASF se desprendió que hubo negligencia de funcionarios de Sedesol y de la casa de estudios en la supervisión y seguimiento, lo que permitió la adjudicación de un contrato a una empresa con otro objetivo social, lo que permitió licitar de manera irregular y una simulación de los servicios al subcontratar proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica.
En otro contrato, que involucra también triangulaciones entre la dependencia federal, instituciones universitarias y empresas, se presume un daño de 147 millones de pesos, en virtud de que no se acreditaron los gastos y la prestación de servicios y se presentaron documentos presumiblemente alterados para justificar la recepción de bienes.
Asimismo, otro convenio con la UAEM para asesoría especializada en difusión y promoción social, que contemplaba estrategia de promoción de políticas públicas; reporte de monitoreo de medios; un seminario sobre manejo de crisis, que incluye referencias a manejo de opinión pública; estrategia en redes sociales y un diagnóstico sobre vulnerabilidad político-electoral, entre otros.
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