Por Salvador González Briceño*
LEY DE ARMAS VS SEGURIDAD
LEY DE ARMAS VS SEGURIDAD
La iniciativa del ejecutivo mexicano enviada al Senado de la República para reformar la Ley de Armas de Fuego con la finalidad de que los extranjeros puedan portar armas en territorio nacional, es a todas luces violatoria de la seguridad nacional de México. Y nada la justifica.
Sostiene que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgaría los “permisos extraordinarios” correspondientes, para portación de armas que agentes de seguridad “extranjeros”, que acompañen a Jefes de Estado, de Gobierno, Ministros o equivalentes, y en su caso requieran siempre que no pasen del calibre .40 para pistolas o revólveres semiautomáticos. También funcionarios aduaneros y de migración extranjeros que ingresen al país, podrán portar sus armas de cargo en los puntos de ubicación aduanera y migración en territorio nacional, en áreas en donde “sean seleccionados para la instrumentación de un nuevo esquema de colaboración”.
La iniciativa pretende que, dichos cambios “fortalecerán el intercambio comercial y las relaciones diplomáticas de México con otras naciones” (¡sic!), razón por la cual se instalarán “despachos conjuntos aduaneros y de preinscripción migratoria con los socios comerciales y de intercambio turístico”. Mismos que serán instalados “en reciprocidad” por lo que México definirá “zonas de revisión aduane
ra y migratoria” en la cual portarían sus armas los agentes de otros países.
Razones, todas, dignas de consideración porque no sopesan los riesgos que dicha iniciativa implica y van encaminados a la violación de la seguridad nacional de México. Este es el principal aspecto que implica dicha propuesta del gobierno de Peña. Pero hay otros. Pone de manifiesto la fragilidad y/o debilidad —que no lo tiene, pero la iniciativa la pone en cuestión— de las instancias encargadas del resguardo, cuidado y vigilancia, de la seguridad nacional.
Pero, de entrada, cabe cuestionar, ¿acaso instituciones como Sedena, Marina o la propia Secretaría de Gobernación (Segob) —quien presentó la iniciativa de Peña al Senado—, resultan incapaces de aplicar las leyes vigentes para vigilar y otorgar la seguridad, no únicamente pero aquí, en los casos de visitas de extranjeros al país?
También se propone: igualmente otorgar licencias de carácter extraordinarias, para “el ingreso y portación de otro tipo de armas”, cuando la propia Sedena justifique la “necesidad” de su uso. ¡La instancia encargada de vigilar y aplicar la norma vigente en las leyes del país, sería encomendada para ‘justificar’ la violación? Por tanto, valen al menos las siguientes dos consideraciones, de preocupación, seguro para cualquier mexicano atento y para, no se diga, ¡el legislador! Por motivos fronterizos está claro que se pretende regular el flujo de agentes armados, a su paso por la frontera desde los Estados Unidos hacia México. Está claro que, una regulación de este tamaño sería como para “legalizar lo ilegal”.
O México tiene mucha presión desde el gobierno de EU, y al presidente Peña no le queda otra más que aceptarla; o de plano los mexicanos no sabemos cómo resguardar nuestra seguridad nacional. ¿U olvida el gobierno mexicano que legalizar agentes armados se convierte en un problema mayor, porque se estaría entregando un cheque en blanco para asesinar de este lado de la frontera, como se hace contra inmigrantes en su propio territorio? ¿Olvida el gobierno mexicano que los agentes, no solo damas de compañía, sino “agentes” en el más amplio sentido del término —llámese CIA o DEA—, están ávidos de andar armados en territorio azteca con el pretexto del “crimen organizado”, un problema del que ellos mismos forman parte?
¿Se está considerando esta última cuestión, siquiera en su mínima expresión? Recordemos que so pretexto del narcotráfico fluyen armas a los países. ¿Esto no será legalizarles el negocio de las armas? Léase el trasfondo: “rápido y furioso”.
Sostiene que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgaría los “permisos extraordinarios” correspondientes, para portación de armas que agentes de seguridad “extranjeros”, que acompañen a Jefes de Estado, de Gobierno, Ministros o equivalentes, y en su caso requieran siempre que no pasen del calibre .40 para pistolas o revólveres semiautomáticos. También funcionarios aduaneros y de migración extranjeros que ingresen al país, podrán portar sus armas de cargo en los puntos de ubicación aduanera y migración en territorio nacional, en áreas en donde “sean seleccionados para la instrumentación de un nuevo esquema de colaboración”.
La iniciativa pretende que, dichos cambios “fortalecerán el intercambio comercial y las relaciones diplomáticas de México con otras naciones” (¡sic!), razón por la cual se instalarán “despachos conjuntos aduaneros y de preinscripción migratoria con los socios comerciales y de intercambio turístico”. Mismos que serán instalados “en reciprocidad” por lo que México definirá “zonas de revisión aduane
ra y migratoria” en la cual portarían sus armas los agentes de otros países.
Razones, todas, dignas de consideración porque no sopesan los riesgos que dicha iniciativa implica y van encaminados a la violación de la seguridad nacional de México. Este es el principal aspecto que implica dicha propuesta del gobierno de Peña. Pero hay otros. Pone de manifiesto la fragilidad y/o debilidad —que no lo tiene, pero la iniciativa la pone en cuestión— de las instancias encargadas del resguardo, cuidado y vigilancia, de la seguridad nacional.
Pero, de entrada, cabe cuestionar, ¿acaso instituciones como Sedena, Marina o la propia Secretaría de Gobernación (Segob) —quien presentó la iniciativa de Peña al Senado—, resultan incapaces de aplicar las leyes vigentes para vigilar y otorgar la seguridad, no únicamente pero aquí, en los casos de visitas de extranjeros al país?
También se propone: igualmente otorgar licencias de carácter extraordinarias, para “el ingreso y portación de otro tipo de armas”, cuando la propia Sedena justifique la “necesidad” de su uso. ¡La instancia encargada de vigilar y aplicar la norma vigente en las leyes del país, sería encomendada para ‘justificar’ la violación? Por tanto, valen al menos las siguientes dos consideraciones, de preocupación, seguro para cualquier mexicano atento y para, no se diga, ¡el legislador! Por motivos fronterizos está claro que se pretende regular el flujo de agentes armados, a su paso por la frontera desde los Estados Unidos hacia México. Está claro que, una regulación de este tamaño sería como para “legalizar lo ilegal”.
O México tiene mucha presión desde el gobierno de EU, y al presidente Peña no le queda otra más que aceptarla; o de plano los mexicanos no sabemos cómo resguardar nuestra seguridad nacional. ¿U olvida el gobierno mexicano que legalizar agentes armados se convierte en un problema mayor, porque se estaría entregando un cheque en blanco para asesinar de este lado de la frontera, como se hace contra inmigrantes en su propio territorio? ¿Olvida el gobierno mexicano que los agentes, no solo damas de compañía, sino “agentes” en el más amplio sentido del término —llámese CIA o DEA—, están ávidos de andar armados en territorio azteca con el pretexto del “crimen organizado”, un problema del que ellos mismos forman parte?
¿Se está considerando esta última cuestión, siquiera en su mínima expresión? Recordemos que so pretexto del narcotráfico fluyen armas a los países. ¿Esto no será legalizarles el negocio de las armas? Léase el trasfondo: “rápido y furioso”.
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