Ciudad de México.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), para que dé continuidad a cada una de las denuncias presentadas en el proceso electoral del pasado 5 de junio, principalmente en el estado de Veracruz.
En un comunicado, se solicita a esta instancia de la Procuraduría General de la República (PGR) que se investigue el presunto desvío de recursos públicos cometido por el ex delegado federal del programa Prospera en la entidad.
El documento, avalado por el Pleno de la Comisión Permanente, precisa que la utilización de un programa en beneficio de un candidato, viola los principios de certeza, imparcialidad, legalidad y objetividad que deben regir todo proceso electoral.
Asimismo, se indica que los servidores públicos de todos los niveles de gobierno están obligados a aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Se advierte que la Ley General en materia de Delitos Electorales, establece una pena de 260 a 520 días multa y prisión de dos años siete meses a 11 años ocho meses, para el servidor público que condicione la prestación de programas gubernamentales de naturaleza social, a la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición.
En un comunicado, se solicita a esta instancia de la Procuraduría General de la República (PGR) que se investigue el presunto desvío de recursos públicos cometido por el ex delegado federal del programa Prospera en la entidad.
El documento, avalado por el Pleno de la Comisión Permanente, precisa que la utilización de un programa en beneficio de un candidato, viola los principios de certeza, imparcialidad, legalidad y objetividad que deben regir todo proceso electoral.
Asimismo, se indica que los servidores públicos de todos los niveles de gobierno están obligados a aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Se advierte que la Ley General en materia de Delitos Electorales, establece una pena de 260 a 520 días multa y prisión de dos años siete meses a 11 años ocho meses, para el servidor público que condicione la prestación de programas gubernamentales de naturaleza social, a la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición.
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