jueves, 19 de septiembre de 2013

Comisión de Seguridad Pública acuerda comparecencia del secretario de Gobernación

•    Aprueba dictamen que eleva sanciones a quienes simulan secuestros

México, D.F.- En sesión de trabajo, la Comisión de Seguridad Pública aprobó tres dictámenes y fijó la fecha de la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante las comisiones unidas de Gobernación y de Seguridad Pública para el día 27 de septiembre a las 17:00 horas, con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno.
Entre los dictámenes aprobados por éste órgano legislativo destaca el que modifica el artículo 13 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo primero constitucional.
El documento propone sancionar con mayor dureza la práctica de la simulación de secuestro al aplicar un castigo de 200 a 700 jornadas de trabajo comunitario o, en su defecto, una pena corporal de tres a seis años.
Menciona que a pesar de que el autosecuestro es un acto simulado, genera daños reales en los allegados de quien lo realiza, además de que impulsa la actividad del Estado y lo obliga a gastar recursos en la persecución de un secuestro inexistente.
Actualmente, la pena a dicha conducta es de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad.
El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (PRI) fue quien propuso modificar el dictamen, a fin de elevar la sanción ante lo que consideró se genera una doble victimización de la familia.
Originalmente, dijo, el dictamen proponía una pena de prisión de dos a ocho años, sin embargo, de acuerdo con el artículo 70 del Código procesal penal, la persona puede pagar una multa y evadir cualquier tipo sanción; “esa es una puerta de salida para el que comete el delito”, dijo.
Explicó que cuando una persona simula su propio secuestro, se victimiza ella y su propia familia. Es decir, precisó, la victimización se duplica en principio, porque se llega a pensar que realmente un integrante de la familia está privado de la libertad, lo que es una carga emotiva, y después, al saber que fue su propio familiar quien simuló su secuestro, termina por pagar las fianzas y multas que se generan.
“Si el hijo o la hija simulan su secuestro, a final de cuentas es la familia la que termina pagando las fianzas y las multas, y no podemos ser ligeros y mantener penas leves”, expuso.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (MC) recordó que durante su administración como procurador General de Justicia del estado de Morelos se presentaron situaciones similares.
“En el momento de la denuncia, cuando el padre está siendo sujeto a todo tipo de presiones, lo primero que pide es que se proceda en contra de su familiar, si existe el delito, pero en los hechos ocurre todo lo contrario: es la propia familia la que termina por pagar las multas impuestas, por lo que tenemos que endurecer la ley”, subrayó.
Las diputadas Consuelo Argüelles Loya y Elizabeth Yáñez Robles (PAN) indicaron que quien simula un secuestro lo hace con la finalidad de adquirir dinero ilegal, por lo tanto es un acto fuera de la ley que debe sancionarse con dureza, además de que quien lo lleva a cabo es una persona con potencial para delinquir.
Los diputados Joaquina Navarrete Contreras y José Ángel Ávila Pérez, del PRD se sumaron al planteamiento de endurecer las sanciones y señalaron que la simulación no sólo genera un gasto del Estado, sino provoca un daño a la familia y a la sociedad.
Agregaron que el delito de secuestro se ha incrementado considerablemente en todo el país, en tanto que el fenómeno del autosecuestro se ha duplicado de manera particular en el norte de la República, por lo que será un acierto aplicar sanciones ejemplares.
Por otra parte, la Comisión de Seguridad Pública aprobó el dictamen que reforma la fracción XIX de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para apoyar con recursos públicos a las asociaciones ciudadanas dedicadas a la búsqueda y localización de menores de edad extraviados o sustraídos de forma ilegal así como de personas mayores de edad y a la asistencia de víctimas indirectas de dichos actos.
Se aprobó también el dictamen que modifica los artículos 22 y 25 del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Artículo 17 de la Ley de la Policía Federal.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Guillermo Anaya Llamas (PAN), explicó que este dictamen ya había sido aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular en una sesión anterior, solo que no se habían recabado las firmas correspondientes ni registrado algunas adecuaciones, por lo que se ponía de nueva cuenta a revisión y consideración de los diputados integrantes, quienes lo ratificaron.

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